Otro alto cargo de Moncloa

El juez Peinado avanza en la causa contra Begoña Gómez y toma declaración como investigada a la secretaria general de Presidencia

Los detalles El magistrado decidió imputar a Judith Alexandra González Pedraz por presunta malversación en relación con el nombramiento y desempeño de funciones de la asesora de la mujer del presidente del Gobierno.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Agencia EFE
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Nuevo capítulo más en el caso Begoña Gómez. Nuevo capítulo más en el proceso que tiene bajo la lupa a la mujer de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Tras rechazar el archivo de la causa, el juez Peinado toma declaración como investigada a Judith Alexandra González Pedraz, secretaria general de Presidencia, a quien imputó en la causa por presunta malversación en relación con el nombramiento y desempeño de funciones de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez.

Es otro alto cargo de Moncloa que está bajo el foco del magistrado. "En cumplimiento del mandato de la Audiencia Nacional, el juez acuerda la continuación del procedimiento por el tribunal del jurado respecto de los investigados por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos", recogía el auto en el que se imputó a González Pedraz.

En el mismo texto, de 44 páginas, Peinado habló de las dos vistillas celebradas el 27 de septiembre y el 6 de octubre. "En ambas comparecencias, los investigados, que habían sido debidamente citados en forma y por causas exclusivamente imputables a su propia voluntad, dejaron de comparecer sin alegar motivo alguno", cuestiona el magistrado. Cabe recordar que la ley no obliga a declarar, sino que lo recoge como un derecho.

González Pedraz, citada a declarar el día 12, no pudo ir dicho día por tener señalamientos que le impidieron acudir a la llamada del juez. Por tanto, su declaración se va a producir finalmente el domingo 16 de noviembre a las 17:30 horas.

Además de a la secretaria general de Presidencia, el magistrado toma declaración también, en calidad de testigos, a otras tres personas: el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, a Juan Carlos Doadrio, el presidente del Instituto Empresa (IE), Diego del Alcázar, y el responsable institucional y de políticas públicas de Google, Miguel Escassi.

Es un paso más en la causa. Una en la que el juez Peinado persigue cinco presuntos delitos y que mantiene imputados a Begoña Gómez, a Cristina Álvarez, al empresario Juan Carlos Barrabés y a Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid.

En el procedimiento, el magistrado indaga en si la esposa del presidente del Gobierno influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, al igual que su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid y en el rol que pudo tener su asesora en actividades privadas.

Judith González, actual secretaria general de Presidencia, está imputada por el mismo delito, por haber ocupado el mismo puesto, por el que mantiene investigado al actual delegado del Gobierno en Madrid y por el cual llamó también como testigo a Félix Bolaños, ministro de Presidencia.

En ese sentido, el juez Peinado llegó incluso a pedir al Supremo la imputación del ministro por falso testimonio, algo que rechazó el alto tribunal.

Además, el magistrado pidió en su auto las agendas tanto de Begoña Gómez como de su asesora para que la UCO proceda a su análisis. De igual manera, ha requerido los pasaportes de ambas para "precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de sus viajes al extranjero". Ha dado el visto bueno a que no tengan que ir en persona a presentarlos al juzgado y que de dicho trámite se encargue la Policía.

La causa, prorrogada

Peinado, por otra parte, ha decidido prorrogar seis meses más la pieza principal contra la mujer de Pedro Sánchez al considerar que quedan todavía diligencias pendientes para consolidar los indicios que, según él, existen contra ella.

Así pues, la causa permanecerá abierta hasta el 16 de abril de 2026, dos años después de que la investigación diera comienzo.

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