El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid ha acordado suspender de forma cautelar la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para exhumar a víctimas enterradas en el Valle de los Caídos al considerar que se podrían producir daños irreparables antes de que se entre en el fondo del recurso interpuesto por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
La asociación reclama la paralización con este argumento: "Derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras".
El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial había concedido la licencia para llevar a cabo las obras hace seis meses, después de que el Ejecutivo hubiese recibido más de 60 solicitudes de familias que querían recuperar los restos allí enterrados. Tantos de republicanos, como de hombres vinculados al bando nacional. Estas obras que aún no habían comenzado y que se suspenden ahora de manera cautelar.
En el auto la magistrada Eva María Bru Peral considera que esos trabajos podrían tener consecuencias negativas. Defiende que "son evidentes los daños que se podrían causar si se procede a efectuar actuaciones antes de que se pronuncie la sentencia definitiva".
De igual modo, el auto recoge que la razón de ser de la justicia cautelar "reside en la necesidad de evitar que el lapso de tiempo que transcurre hasta que recae un pronunciamiento judicial firme suponga la pérdida de la finalidad del proceso y este requisito forma parte de la esencia de la medida cautelar".
"En definitiva, con ella se intenta asegurar que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil y tal como señaló el Tribunal Supremo al resolver una medida cautelar en un asunto atinente al Valle de los Caídos", añade.
"No se asumen derechos humanos"
El abogado Eduardo Ranz, letrado de la familia de los hermanos Lapeña -cuya exhumación está pendiente de ejecutar-, ha lamentado que "por desgracia" haya otras resoluciones de esta jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo que suspendan la sobras en el interior del Valle de los Caídos.
"Parece que hay un sector de la población que no asume ni los derechos humanos, ni el Estado de Derecho ni el ordenamiento jurídico. La parte positiva es que siempre prevalecen los derechos de las víctimas y quien gana siempre es la democracia", ha reseñado. Por su parte, el secretario de la asociación recurrente, Guillermo Rocafort, ha destacado que el Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, está demostrando que desconoce "la legislación de protección del patrimonio" y que no respeta a los bienes catalogados.
"Se buscaba un efecto electoralista. No se puede llevar la guerra a los cementerios porque ahí reposan personas y al final se genera discordia y hay que respetar el descanso eterno de los difuntos", ha aseverado.