La juez atiende al
requerimiento formulado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal que insta
a investigar estos hechos, aunque matiza que lo hará mediante pieza
separada y no en una instrucción suplementaria, puesto que los mismos están
juzgados y existe sentencia firme del año 2010.
Se trata de una
diligencia solicitada por la Abogacía del Estado, a la que se adhiere la
Fiscalía, después de que Turquía notificara que enterró en un cementerio
cercano al lugar donde se produjo el siniestro, la pierna sin identificar de
una de las víctimas, algo que se desconocía en el momento de la instrucción de
la causa.
Los magistrados consideran
que se trata de un hecho nuevo que debe esclarecerse mediante la identificación
de estos restos humanos y su posterior traslado a España, y por ello, instan a
la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 a reabrir la causa
después de que el magistrado encargado de estas pesquisas, el actual ministro
del Interior Fernando Grande-Marlaska, cerrara la investigación en dos
ocasiones.
En su auto, la
magistrada Lamela requiere a la Abogacía del Estado que concrete y facilite los
datos necesarios para poder cursar la comisión rogatoria, tales como la
autoridad judicial turca que conoció los hechos relacionados con el siniestro
del avión ucraniano, las autoridades turcas con las que se ha contactado a
través del Ministerio de Defensa y los datos de las personas fallecidas cuyos
restos pudieran encontrarse aún en Turquía, entre otros aspectos.
El pasado mes de mayo el
Gobierno turco comunicó a España que una extremidad inferior de una de las
víctimas del accidente fue enterrada en el cementerio de la ciudad de Marcka
dos meses después del accidente ocurrido el 26 de mayo de 2003, porque no pudo
ser identificada.
Tras ello, el Ministerio
de Defensa dirigido por la entonces ministra María Dolores de Cospedal pidió a
la Audiencia Nacional que abriera un proceso de cooperación judicial con
Turquía para verificar este resto y tratar de identificarlo. Además de los 62
militares españoles, en el siniestro fallecieron 12 tripulantes ucranianos y un
bielorruso.
Esta nueva información
se ha conocido porque un familiar preguntó a Defensa si podía garantizar que no
quedaba ningún resto de los fallecidos en suelo turco. Entonces, el
departamento que ahora dirige Margarita Robles planteó la consulta al
Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía.
El entonces magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, archivó hasta en dos ocasiones la parte de la instrucción relativa a la contratación del avión concluyendo que el aparato era apto para volar y que el siniestro se produjo ante la falta de preparación de la tripulación.
También precisó que las
autoridades españolas, entre ellos el entonces ministro de Defensa Federico
Trillo, no les correspondía comprobar que la tripulación gozaba de las
necesarias licencias, obligación que a su juicio recaía sobre la empresa
contratista.
Esta parte de la causa
tuvo su punto final en diciembre de 2014, cuando el TEDH la cerró de forma
definitiva al no apreciar que los argumentos de las familias cumplieran los
requisitos de admisibilidad de las demandas ante dicho órgano. Más de un año
antes, en febrero de 2013, el Tribunal Constitucional rechazó igualmente
tramitar el recurso presentado por la Asociación de Familias Afectadas por la
Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 frente al archivo.
Sin embargo,
Grande-Marlaska sí mantuvo abierta la parte de la causa en la que se
investigaban supuestas irregularidades cometidas en la identificación de los
cadáveres fallecidos en Turquía. Estos hechos fueron juzgados en el año 2009 y
por los mismo resultaron condenados a tres años de cárcel el general de
División retirado Vicente Carlos Navarro, y a un año y medio sus subordinados
José Ramírez y Miguel Sáez a uno año y medio de cárcel cada uno. El Tribunal
Supremo desestimó sus recursos y confirmó en su integridad la resolución de la
Audiencia Nacional.