En un auto, el magistrado emplaza a ambos partidos a designar procurador y abogado y explica que en esta causa se investiga a altos cargos del partido CDC quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios catalanes, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político.
Incluye también al PDeCat en la investigación porque le considera "mero continuador" de la trama, que, apunta, se ha prolongado a lo largo de once años hasta ahora, después de que CDC decidiera cesar toda su actividad y fundara este nuevo partido, lo que fue un simple "cambio de apariencia", según De la Mata.
Ambos partidos, señala el auto, se financiaban en forma encubierta mediante "donaciones" a fundaciones ligadas a dicha formación (Catdem y Fórum Barcelona), en connivencia con empresarios y cargos políticos, alterando todo tipo de concursos públicos con la finalidad de "dirigir" los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con esos donativos al partido.
Los pagos, indica De la Mata, se obtenían por las fundaciones y de ahí llegaban a CDC, en ocasiones como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra pública o de servicios con "vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia" y, en otras, "simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos".
El monto total de licitaciones comprometidas asciende "por el momento" a 218,7 millones euros, dice el juez, y el importe de las adjudicaciones definitivas a 168,7 millones, a los que hay que añadir los modificados de proyectos (1,7) y las prórrogas (4,5). Por otro lado, las "donaciones" irregulares ligadas a estas adjudicaciones ascienden a más de un millón de euros, afirma De la Mata.
La operativa investigada, según el juez, ha sido de carácter "sistémica" y ha permanecido inalterable con independencia de los relevos en el partido y menciona entre otros al expresidente de CDC Artur Mas, a su ex secretario general Oriol Pujol, hijo del expresidente catalán Jordi Pujol; al excoordinador Josep Rull y al extesorero Andreu Viloca, ya imputado en esta causa como responsable de las finanzas de ese partido.
El juez afirma que pese a ser conocedores de esta operativa de financiación ilícita, los órganos y cargos con responsabilidad en el partido no habrían emprendido ninguna iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante 11 años.