Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona e instructor de los casos Volhov y Negreira, ha solicitado escolta tras recibir hace una semana un paquete bomba simulado en los juzgados, según han indicado fuentes jurídicas a laSexta, que han añadido que, por el momento, no hay respuesta del Ministerio del Interior a la petición.
El paquete, en el que había un temporizador y material explosivo falso, fue abierto por un miembro de la sede judicial sin que la seguridad lo detectase. En estos momentos, se está investigando la procedencia del envío, que ha causado preocupación ante la sensibilidad de los casos que el juez instruye.
Fuentes jurídicas aseguraron este jueves a laSexta que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pusieron en contacto con el juez Aguirre el pasado lunes con el fin de preguntarle si precisaba medidas de seguridad, sobre las que el magistrado en ese momento cuestionó su necesidad ante el inspector de los Mossos. De esta forma, Aguirre decidió desestimar esta protección, aunque finalmente ha decidido reclamarla, a pesar de haber trasladado, según las citadas fuentes, que no esta "asustado" por lo sucedido.
Uno de los casos en los que Aguirre es instructor es 'Volhov', en el que el juez investiga los posibles lazos entre el independentismo con Rusia durante el próces, con el fin de lograr ayuda "económica y militarmente" para la independencia de Cataluña. En este sentido, el magistrado decidió el pasado mes de enero una prórroga de seis meses ante las también "estrechas relaciones personales" con políticos de extrema derecha alemana e italiana. De las pesquisas, a las que tuvo acceso laSexta en su momento, se desprenden indicios de que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una "legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos", y de que su entorno llegó a reunirse con "los más altos capos de la mafia rusa".
La otra causa que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona es el caso 'Negreira'. Fue hace un mes cuando el magistrado dio una prórroga sobre este caso que investiga los pagos de más de siete millones de euros por parte del FC Barcelona al que fuera número 2 de los árbitros, José María Enríquez Negreira, que se prolongaron entre 2001 y 2018. Aguirre tomó esta decisión al considerar que faltaban diligencias por practicar en relación a los los delitos de administración desleal, falsedad documental y cohecho o corrupción entre particulares. Además, falta por descubrir cuál fue el destino de la enorme cantidad de dinero que Negreira recibió durante cerca de dos décadas.