El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha imputado a 12 periodistas de ocho medios de comunicación por la publicación de información sobre el sumario por la detención de los CDR.

Las imputaciones llegan después de que las defensas de los CDR acusados por terrorismo denunciaran la "filtración masiva" de información sobre este sumario pese a que se encontraba bajo secreto.

Los detenidos denuncian que los medios de comunicación habían publicado una información exhaustiva de por qué estaban detenidos cuando, según ellos, los propios afectados "no tenían el más mínimo conocimiento de los hechos".

Las defensas de los CDR piden, además, investigar si esa "filtración masiva procede de la Guardia Civil o de la Fiscalía". La Fiscalía, por su parte, considera que dichos hechos pueden considerarse una denuncia por revelación de secretos, por lo que sería un juzgado de instrucción el que tendría que tratar este caso.

La Fiscalía podría impugnar la imputación

La Fiscal General del Estado, María José Segarra, ha anunciado este jueves que están estudiando la "posibilidad de impugnar" la imputación. Segarra, que se encuentra en Barcelona para mantener reuniones de trabajo con los responsables de las áreas especializadas de Fiscalía de Cataluña, ha avanzado que "estamos estudiando la posibilidad de impugnar esta resolución".

"La Fiscalía, desde la perspectiva y desde la óptica de la defensa del derecho a la libertad de transmitir información y opinión veraz, va a analizar esa incoación y las decisiones que se han tomado para citar como investigados a determinados medios. Las va a analizar desde esa perspectiva, y estamos estudiando la posibilidad de impugnar esa resolución", ha precisado la Fiscal General del Estado.

Segarra ha explicado que ha tenido conocimiento formal de la incoación de este procedimiento a través de los medios de comunicación, aunque ha recordado que la Fiscalía sí supo de la denuncia que se interpuso ante la Audiencia Nacional. En este sentido, ha subrayado que cuando se presentó esta denuncia contra varios periodistas, la Fiscalía dictaminó que la competencia para los casos de revelación de secretos no compete a la Audiencia Nacional, sino a los juzgados de instrucción de Madrid.