El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a la constructora FCC por el pago de 82 millones de euros en comisiones para conseguir la adjudicación de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá. La empresa está acusada de un presunto delito de blanqueo de capitales y corrupción en las transacciones internacionales.
Según fuentes judiciales, cuatro exdirectivos de la compañía ya han declarado ante el juez. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez dirige el procedimiento contra las mercantiles FCC Construcción S.A, FCC Construcción Centroamérica SA. y Construcciones Hospitalarias SA.
Estas sociedades habrían participado de un consorcio con la multinacional brasileña Odebrecht que generó "sobrecostes en los contratos del suministro de acero para los proyectos del metro de Panamá y de la Ciudad Hospitalaria de Clayton".
Dichos fondos habrían sido destinados a "presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos".
La causa se abrió en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de Odebrecht por posibles delitos de blanqueo, cohecho y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015. Esta se habría servido de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los supuestos sobornos abonados por las diversas constructoras a cambio de adjudicaciones.