Durante más de un mes
El juez del caso Montoro autorizó pinchar los teléfonos de cuatro miembros de Equipo Económico
Los detalles En diciembre de 2021, el juez autorizó intervenir las comunicaciones de cuatro investigados, pero esa medida solo duró 43 días. Anticorrupción recurrió y la Audiencia de Tarragona la consideró "excesivamente invasiva".
Resumen IA supervisado
El juez Rubén Rus autorizó en diciembre de 2021 la intervención de las comunicaciones de cuatro miembros de Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro, investigado por recibir pagos a cambio de beneficios. La medida se aplicó a tres socios de la consultora y a una trabajadora. La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra coordinaron las escuchas. Sin embargo, tras un recurso de la Fiscalía Anticorrupción, el juez ordenó el cese de la intervención a finales de enero de 2022, dejando las comunicaciones intervenidas por poco más de un mes.
* Resumen supervisado por periodistas.
El juez que investiga el caso Montoro, autorizó a finales de 2021 la intervención de los teléfonos móviles de cuatro miembros de Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro del Partido Popular que está investigado por presuntamente haber recibido pagos de decenas de empresas a cambio de beneficiarlas, incluso con modificaciones legislativas.
En el extensísimo sumario del caso, al que ha accedido laSexta, se detalla la intervención de los dispositivos de cuatro investigados en la misma causa en la que está imputado el que fuera ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, una medida que el juez Rubén Rus autorizó el 16 de diciembre de 2021, después de que los propios investigadores la solicitaran.
En concreto, el juez permitió intervenir las comunicaciones de tres socios de la consultora, que además habían ocupado altos cargos en Hacienda y la Agencia Tributaria, y las de una trabajadora del departamento de administración del despacho que aparece como apoderada o representante de casi todas las empresas presuntamente instrumentales vinculadas a los socios: Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor Rodríguez, Salvador Mariano Ruiz Gallud y Covadonga Gómez Garrido.
La Guardia Civil emitió un oficio el 20 de diciembre de 2021 informando al juzgado de los agentes que llevarían a cabo las escuchas, que el Instituto Armado llevó a cabo conjuntamente con los Mossos d'Esquadra. Ambos cuerpos policiales acordaron que los Mossos se encargarían de la escucha, transcripción y remisión de las evidencias legales de las comunicaciones e informarían al juzgado, y la Guardia Civil de la actividad operativa sobre los investigados, puesto que estos trabajaban y residían en Madrid.
Posteriormente, sin embargo, la medida se anuló, tras un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y de que la Audiencia de Tarragona la considerase "excesivamente invasiva". Así, el 28 de enero el juez Rus emitió un nuevo auto en el que acordaba el cese de la intervención, grabación, observación y escucha de las comunicaciones de los cuatro investigados, con lo que la UCO de la Guardia Civil procedió al cese de las escuchas.
El día 31 de ese mismo mes, según consta en el oficio, se recibieron los mandamientos de cese, que fueron tramitados por las compañías telefónicas para que procedieran a la desconexión. Así las cosas, los móviles solo estuvieron pinchados algo más de un mes.