La Audiencia Nacional condena al PP como responsable civil subsidiario de 123.669 euros del extesorero Luis Bárcenas por el impuesto de Sociedades de la empresa que hizo las obras de la sede de la formación de 2007. Y absuelve al grupo del delito contra la Hacienda pública por el Impuesto de Sociedades de 2008.

En una de las piezas separadas de la Gürtel, la que ocupa las obras de reforma de la sede de Génova, los magistrados condenan al extesorero del PP a dos años de cárcel por el pago de las obras en negro a Unifica, el estudio de arquitectura que se ocupó de la remodelación de la sede nacional.

Además, la Audiencia vuelve a dar por acreditado en su escrito la existencia de una caja B. "Los papeles de Bárcenas son expresivos de los apuntes contables internos de una parte de las donaciones privadas recibidas en la formación política, cuyo control y gestión llevaba aquel junto con el tesorero", señalan, aunque a su vez matizan que "no puede darse validez a la integridad de su contenido, porque como se ha expuesto además de incompletos, son incoherentes y contienen muchos errores". Sí dan por veraz los apuntes que se han logrado contrastar con otras pruebas.

Desde el PP, y en línea con lo anunciado hace meses por su líder Pablo Casado, no se han pronunciado sobre la sentencia.

El PP no ejerció un control adecuado sobre Bárcenas

El tribunal explica el por qué de que proceda la declaración de responsabilidad civil subsidiaria de las personas jurídicas, en este caso, del PP y Unifica, por los delitos cometidos por sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios.

Y establece que, por la cuota defraudada en el Impuesto de Sociedades de 2007 por importe de 870.521,32 euros deben indemnizar de forma conjunta a la Hacienda Pública Gonzalo Urquijo y Belén García y, de modo subsidiario Unifica y Bárcenas, pero limitada a la parte de cuota procedente de los pagos en 'b' que fueron ingresos no declarados (380.520 euros de las obras de las plantas 2ª y 5ª), calculada en 123.669 euros, "y, de modo subsidiario, el Partido Popular al haberlos cometido como gerente de dicha formación política".

Así, creen que no hay evidencias de que el PP, a través de sus órganos directivos (comité ejecutivo) ejerciera un control adecuado sobre la gestión de Bárcenas cuando ocurrieron los hechos, sino que las medidas adoptadas por el partido en este sentido (tanto respecto de aquel, como de auditoría interna y promoción de iniciativas legislativas relativas a la financiación de partidos políticos), fueron 'a posteriori'.

Fondos en B para el pago de parte de las obras

La sentencia, ponencia de la magistrada María Fernanda García Pérez, explica que en 2005 el PP decidió acometer la remodelación del edificio que albergaba la sede central, para lo que se contrató a Unifica. La gestión de las obras fue asumida por Bárcenas y afectaba a varias plantas, sótanos, garajes y otras dependencias, unos trabajos que se ejecutaron entre 2005 y 2010.

El fallo describe la dinámica llevada a cabo en cuanto a la gestión y cobro por Unifica de los trabajos. Por un lado, se emitían uno o varios presupuestos para las obras de cada planta y, una vez terminada la obra, se emitía la certificación final cuyo importe constituía la base imponible de la factura que recogía las reformas.

De forma paralela a esta dinámica, indica la sentencia, Bárcenas y Urquijo convinieron que "que una parte de los pagos correspondientes a dichas obras serían abonados con los fondos B que aquel gestionaba, pactándose la aplicación de un descuento por parte de UNIFICA de entre un 7% y un 8% del importe de los trabajos abonados con tales fondos, con el consiguiente ahorro tanto para el PP como para UNIFICA en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales".

La contabilidad oficial del PP remitida al Tribunal de Cuentas

De este modo, añaden los magistrados, en la contabilidad oficial del PP remitida al Tribunal de Cuentas figuraron únicamente las cantidades correspondientes a las facturas emitidas por Unifica desde el año 2005 a 2011, "ocultándose por el contrario al control y la fiscalización del Tribunal de Cuentas la totalidad de los pagos no facturados efectuados por las diversas obras de remodelación al margen de la facturación y contabilización oficial y con fondos en metálico que fueron satisfechos" a Unifica a través de su responsable como administrador Gonzalo Urquijo, "lo que a su vez le permitió a esta empresa ocultar a la Hacienda Pública la percepción de los referidos pagos en B, eludiendo sus correspondientes obligaciones tributarias".

La Sala explica que para llevar a efecto el pago y el cobro de las cantidades pactadas en B y dejar constancia documental tanto del valor real de ejecución de las obras para su control interno -por el PP y por Unifica- como del menor importe de las mismas por el pago en dinero B, se procedió a elaborar por los responsables de la empresa de arquitectura documentos, tales como certificaciones de obras, facturas y recibís de pago, en los que se omitieron o hicieron constar datos que no se correspondían con la realidad de los hechos.

"El importe total de las cantidades abonadas por el acusado Sr. Bárcenas a Unifica por las obras efectuadas en la sede central del PP (c/ Génova, 13 de Madrid), al margen de la facturación y la contabilización oficial, y no declarados a la Hacienda Pública, ascendieron a 1.072.000 euros", concluye la Audiencia.