El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido parcialmente el recurso de reforma presentado por José Luis Moreno para pagar los tres millones de fianza con bienes inmuebles. Tras esto, el productor ha presentado la documentación para garantizar la fianza hipotecaria y ahora los peritos tendrán que tasar su propiedades.

Los peritos deben confirmar que el productor tiene garantías inmobiliarias solventes y que no estén embargadas por valor de seis millones para quedar en libertad provisional.

De acuerdo con el artículo 593 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los bienes inmuebles han de ser el doble de la cifra en metálico establecida por el juez.

El magistrado entiende que sigue habiendo riesgo de fuga, pero que con esta abultada fianza se puede conjurar.

Indicios de organización criminal

El auto judicial del 'Caso Titella', en el que está involucrado el productor de televisión y empresario José Luis Moreno, señala que hay indicios de la existencia de una organización criminal, que opera a nivel internacional, "cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades de fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados". El texto, al que ha tenido acceso laSexta en exclusiva, indica que el principal receptor y beneficiario de estos fondos era el propio José Luis Moreno, y que para ello se valía de su fama. El único objetivo de este entramado empresarial fraudulento era para él obtener la financiación necesaria para poder "continuar con su elevado tren de vida".

Según el citado auto de entrada y registro del caso, Moreno "prestaría su nombre como tarjeta de visita, para que tuvieran mucho más fácil conseguir financiación en entidades bancarias". También sería el encargado de presentar el proyecto cinematográfico o televisivo para el cual se requería financiación. En una ocasión, llegaron a estafar a un empresario argentino 31 millones de euros por un proyecto que nunca llegó a relizarse.

En este 'modus operandi', que "perdura en el tiempo", también formulan como líderes de esta estructura "dividida en células operativas" Antonio Aguilera y Antonio José Salazar de Castro. Los tres habrían comenzado a trabajar juntos en 2017.

Mientras que Moreno prestaba su nombre como "tarjeta de visita", Aguilera y Salazar eran los encargados de conseguir sociedades, maquillarlas, poner un testaferro y presentarlas ante los bancos como las beneficiarias de la financiación necesaria para el desarrollo de sus actividades. Actividades que en la mayoría de los casos se ha comprobado que no existían, puesto que la única finalidad de estas empresas pantalla era la de "lucrarse de manera ilegitima".

Una segunda organización criminal dedicada al tráfico de drogas

El auto además habla de otra organización ilegal, ligada a la primera, liderada por Carlos José Brambilla Ulloa, y cuya actividad principal sería el tráfico internacional de drogas.

Para blanquear el dinero negro obtenido de esta actividad, los empresario usaban la Organización de Aguilera y utilizaban como intermediario entre ambos a otro empresario, Gerardo Mauricio García Quintero.