El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que habrá juicios telemáticos en España y ha pedido "generosidad por parte de todos" para que agosto sea un mes hábil en los juzgados.
En una entrevista en Diario de Cádiz, Campo ha pedido a procuradores y abogados "anteponer los intereses de la ciudadanía a sus intereses propios" para resolver "sus problemas".
Ha añadido que la propuesta de juicios telemáticos es "tan realizable que va a aplicarse", aunque ha manifestado su preocupación por cuestiones "esenciales" como el teletrabajo y la digitalización, que, ha remarcado, han sido "la gran falla del sistema durante la última década", cuando "debía de haberse consolidado el uso de las nuevas tecnologías" en el ámbito judicial.
Ha anunciado que, tras el decreto de medidas urgentes aprobado esta semana en el Consejo de Ministros y los planes de reactivación para los distintos órdenes jurisdiccionales, se promoverán "reformas estructurales" para impulsar y mejorar la eficiencia de los procesos gracias a la transformación digital de la administración de Justicia.
El ministro ha recordado que la propuesta de habilitar agosto en los juzgados tuvo "el visto bueno" de las comunidades autónomas y del resto de miembros de la Comisión de Coordinación, "a excepción de abogados y procuradores", por lo que les ha pedido "generosidad" para anteponer los intereses de la ciudadanía, "que espera que le resuelvan sus problemas", a sus intereses, aunque sean "muy legítimos".
"Estamos pidiendo un esfuerzo de tres meses en una situación excepcional que requiere medidas extraordinarias", ha reiterado Campo, quien ha recordado que "todo el mundo ha hecho enormes sacrificios en esta crisis" del coronavirus.
Ha avanzado que se ha incluido una partida de 40 millones de euros dentro del Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas, "orientada a una estrategia de transformación que debería de haberse producido hace años y que ahora se impone por la vía de los hechos".
Sobre la declaración del estado de alarma, ha asegurado que es "el instrumento normativo adecuado" para "limitar la movilidad" y establecer un distanciamiento social y ha destacado que "ha salvado miles de vidas".
También ha defendido su legalidad, al asegurar la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981 recogen entre los supuestos aplicables de este norma las epidemias.