Jordi Sànchez, en prisión preventiva desde octubre de 2017 acusado de un delito de rebelión, ha sido condenado a nueve años de prisión y a nueve de inhabliticaión absoluta por el Tribunal Supremo.

La Sala del Supremo da por probada la existencia de violencia aunque Sànchez ha sido absuelto del delito de rebelión al considerarse que "no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran" ese delito.

El Supremo también considera que "todos los acusados eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del derecho a decidir, no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano".

La sentencia por el juicio del procés llega cuatro meses después de que quedara visto para sentencia tras meses de instrucción en el Tribunal Supremo. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, al frente de la ANC y Òmnium Cultural respectivamente, declaraban ante el Alto Tribunal acusados de los delitos de rebelión, sedición y organización criminal por su papel en la organización del referéndum ilegal, la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017 y llamada Operación Anubis de septiembre del mismo año.

La Fiscalía pedía para ellos 17 años de cárcel por rebelión. Les atribuía un "papel crucial" en el impulso de las movilizaciones con las que "presionar" al Estado durante el procés en Cataluña. A su vez, la Abogacía del Estado reclamaba para ellos 8 años de prisión por un delito de sedición, mientras que la acusación popular ejercida por Vox solicitaba 62 años de condena por los delitos de sedición y organización criminal.

Tanto él como Jordi Cuixart fueron llamados a declarar por el juez en octubre de 2017 -mes en el que tuvieron lugar el referéndum ilegal y la DUI- acusados de un delito de sedición por su participación en las manifestaciones de los días 20 y 21 de septiembre del mismo año en Barcelona. Era la denominada Operación Anubis. Sànchez ingresó en prisión a mediados de ese mismo mes junto a su compañero Jordi Cuixart, acusados ambos de los mismos delitos.

Posteriormente, el juez Pablo Llarena asumiría la causa contra Sánchez y Cuixart para unificarla con la que instruía a los exmiembros de la Generalitat por presuntos delitos de rebelión y malversación por su participación en el referéndum ilegal y la declaración unilaterial de independencia de Cataluña.

Para entonces, Sànchez ya había renunciado a todos sus cargos en la ANC y anunció su candidatura como número dos de Junts per Catalunya en Barcelona de cara a las elecciones autonómicas de Cataluña del pasado 21 de diciembre de 2017. Desde el 17 de enero de 2018 es diputado en el Parlament por la coalición Junts per Catalunya.

En línea con el tono y la declaración de otros líderes del procés como Oriol Junqueras o Jordi Cuixart, Sànchez también abogó por el diálogo y las soluciones políticas para recuperar la estabilidad en Cataluña durante su alegato de defensa en el juicio del procés. "El Poder Judicial no puede resolver un problema político pero ustedes tienen una responsabilidad, que es no agravar la crisis política", apuntó el líder de la Asamblea Nacional Catalana.

Como ocurriera con su compañero Jordi Cuixart, Amnistía Internacional también incluyó a Jordi Sànchez en su comunicado a favor de la puesta en libertad de ambos al considerar su entrada en prisión preventiva como "injustificada". De la misma manera, la Organización Mundial contra la Tortura pedía su puesta en libertad en nomviembre de 2018.

Días después, Sànchez protagonizó una huelga de hambre para protestar por el retraso del Tribunal Constitucional en atender sus recursos desde prisión. Se acogió a esa huelga del 1 al 20 de diciembre antes de ser trasladado de nuevo, mes y medio después, a la prisión madrileña de Soto del Real para hacer frente al macrojuicio del procés en el Supremo.