El Tribunal Supremo ha condenado a Joaquim Forn, en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017, a 10 años y seis meses de prisión por el delito de sedición y a diez años y seis meses de inhabilitación absoluta, con privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga.

La Sala del Supremo da por probada la existencia de violencia aunque Forn ha sido absuelto del delito de rebelión al considerarse que "no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran" ese delito. El exconseller de Interior también ha sido absuelto del delito de malversación de fondos públicos.

El Supremo también considera que "todos los acusados eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del derecho a decidir, no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano".

"Ningún acto fue contrario a la Constitución"

El exconseller de Interior de la Generalitat de Cataluña declaró en el juicio del procés, celebrado a partir del pasado mes de febrero, que defendió "el referéndum".

Como responsable de los Mossos cuando se celebró el referéndum, fue preguntado por la actuación de la policía autonómica durante esta jornada. "Ningún acto fue contrario a la Constitución, nunca recibieron órdenes políticas de la consellería ni del presidente ni el vicepresidente", señaló.

Durante su declaración, además, se refirió a "la imparcialidad" del tribunal. "Desde el momento en que está compuesto por miembros nombrados por los partidos políticos, no es una señal de imparcialidad y por tanto, pone en duda algunas de estas decisiones", apuntó.

En línea con el discuro final del resto de imputados, Joaquim Forn utilizó su último turno de palabra durante el juicio para asegurar que si estaban "en este tribunal es por un fracaso de la política y como castigo al desafío político que representó la organización del referéndum del 1 de octubre".

Al iniciar el proceso, el exconseller de Interior afrontaba la instrucción de la causa acusado de un delito de rebelión por parte de la Fiscalía, por lo que pedían para él 16 años de prisión.

Por su parte, la Abogacía del Estado solicitaba 11,5 años de prisión por los delitos de sedición y malversación. Mientras, la acusación popular, ejercida por Vox, reclamaba 74 años de cárcel por rebelión, malversación y organización criminal.