La ministra Ione Belarra ha enviado al resto de ministerios competentes y al de Presidencia su propuesta normativa para el Plan de Respuesta al Impacto de la Guerra en el que reclama que el escudo social se extienda todo el año 2022 y propone una serie de medidas ante la situación económica actual, que incluyen reducir el precio del abono de transporte público a 10 euros mensuales en todo el país.
Así lo han indicado a laSexta fuentes del Ministerio de Belarra, que aboga también por actualizar al IPC las pensiones no contributivas, ampliar el bono social de la luz y la prohibición estructural de los cortes de suministros a familias vulnerables
Recuerdan desde el Ministerio las medidas que el Gobierno aprobó en marzo ante las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania y aboga por que todas las medidas recogidas en el llamado escudo social se prorroguen hasta el 31 de diciembre.
Además, defienden complementar esas medidas con otras tres adicionales para garantizar la protección de las familias y los más vulnerables ante la subida de los precios de la energía. En concreto, el gabinete de la secretaria general de Podemos propone lo siguiente:
- Impulsar una reducción "drástica" del precio del transporte público en todo el país a través de la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio Transportes por importe de 560 millones, que financiaría un Fondo Extraordinario de Fomento al Transporte Público. Dicho fondo -apuntan las fuentes- serviría para reducir el abono mensual hasta los 10 euros en todas las ciudades y comunidades (urbano e interurbano).
- Actualizar las pensiones no contributivas de forma inmediata al IPC, adelantando esa actualización en la nómina de julio. Desde Derechos Sociales argumentan que, de esta forma, las pensiones más bajas podrán hacer frente a aumento de precios sin tener que esperar a final de año mientras ven mermado su poder adquisitivo entretanto. Se propone incrementar en un 15% respecto de 2021 la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva.
- Reformar el bono social con urgencia para ampliar su extensión y que llegue a las familias que lo necesitan, agilizando su acceso mediante la automatización de los trámites y el intercambio de información entre administraciones, además de regular la aplicación del principio de precaución, de forma que, ante una situación de impago, la empresa deba informar necesariamente de la situación de vulnerabilidad del cliente antes de emprender cualquier acción. Respecto al principio de precaución, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua en la vivienda habitual cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares, como la pobreza sobrevenida o el agravamiento de la situación de vulnerabilidad social o económica. Se pondrá en marcha un protocolo obligado de comunicación por el que la empresa suministradora deba comunicar su intención de cortar el suministro previamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que hará una comprobación de renta y pedirá un informe a los servicios sociales. En el caso en el que se certifique la vulnerabilidad, no podrá procederse al corte del suministro de electricidad, agua y gas.