Después de que 'El Confidencial' haya publicado un informe reservado de la Guardia Civil en el que se expone que el coronel Diego Pérez de los Cobos, Jefe de la Comandancia de Madrid, fue cesado "por no informar" sobre "investigaciones y actuaciones", fuentes del Ministerio de Interior aseguran a laSexta que la razón del cese fue "haberles mentido en el transcuerso de la fase de investigación" que llevó a imputar al delegado del Gobierno en Madrid por la celebración del 8M.

Se trata de una nueva versión sobre el cese del coronel, que hasta ahora habían achacado a una "pérdida de confianza" y una "reestructuración" ya planeada de la Guardia Civil. Ahora aseguran que el equipo de Pérez de los Cobos mintió al Ministerio al informarles de que "la jueza les había mandado paralizar la investigación hasta pasado el estado de alarma". "Pocos días después" de esto, explican, vieron "parte del contenido del informe en varios medios de comunicación", motivo que derivó en "una pérdida de confianza".

Lo cierto es que el coronel Diego Pérez de los Cobos no podía informar al Ministerio de Interior sobre la investigación de la manifestación del 8M por órden de la jueza instructora del caso, Carmen Rodríguez-Mendel ya que la Policía Judicial de la Guardia Civil tiene "orden expresa" de mantener el secreto de las actuaciones.

A pesar de haber revelado este nuevo motivo ahora, desde Interior siguen insistiendo en que "la reestructuración" en la Guardia Civil "se empezó a programar en enero" y que la "pérdida de confianza lo único que provocó fue que en vez de ser el tercero en moverse, fuera el primero".

En este sentido, aseguran que "se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando".

Además, explican que "la dirección de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior ni conocían las actuaciones, ni tuvieron acceso al informe" que apunta a que el Gobierno tenía conocimiento de la gravedad de la pandemia del coronavirus antes del 8M: "Un informe que, sin embargo, fue objeto de filtraciones antes incluso de que las partes personadas en el proceso tuvieran acceso al mismo".

Las misma fuentes apuntan que "la confianza es un elemento nuclear en un cargo como el que ocupaba el coronel, para el que fue nomrado de forma discrecional, y para el que se necesitan las más altas cotas de neutralidad, profesionalidad y comunicación". "Sin estos elemenos no se puede desarrollar el trabajo diario de forma óptima", apuntan.

Fuentes de Moncloa han asegurado a laSexta que la publicación del informe reservado sobre el cese de Pérez de los Cobos no comprometerá al ministro Grande-Marlaska, que no dimitirá de su cargo. Tampoco lo hará la directora de la Guardia Civil, María Gámez, que firma dicho documento.

En su comparecencia en el Senado, el ministro Fernando Grande-Marlaska defendió que "no hubo injerencias" en el informe sobre el 8M, explicando que ni él ni nadie de su Ministerio "ni de la dirección General de la Guardia Civil" solicitó al coronel Diego Pérez de los Cobos el informe.

El ministro, además, fue protagonista en la última sesión de control al Gobierno y se llevó una lluvia de críticas por parte de la oposición, que pidieron su dimisión. Desde el PP le acusaron de cesar al coronel "por cumplir lo que una jueza le dijo" y le acusaron de consumar una "venganza".

El informe de la Guardia Civil, una amalgama de bulos y errores

Plagado de errores, bulos y noticias tergiversadas. Así esel informe, al que que tuvo acceso laSexta, elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid sobre la Operación Sanitario, que ha llevado a la imputación formal del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, acusado de autorizar las manifestaciones del 8M a pesar de que podría suponer un peligro para el contagio por Covid-19.

La denuncia contra Franco presentada por un paticular también iba dirigida al presidente del Gobierno y los otros 16 delegados del Gobierno, aunque no pudieron ser imputados debido a que la jueza encargada no tiene competencias en otras comunidades.

Entre otros errores y bulos, se apuntaba que la OMS declaró la pandemia por coronavirus el 30 de enero de 2020, cuando en realidad sucedió el 11 de marzo, tres días después de la celebración del 8M.

También se apuntaba que las ministras Valerio y Celaá llevaron guantes morados por el coronavirus, cuando se trata de un gesto feminista que se repitió en años anteriores. Además, se llega a afirmar que se discriminó entre un congreso evangelista y la manifestación del 8M, una falsedad.