Los principales secretos de la operación Kitchen están aún por desvelar. Hasta la fecha únicamente han trascendido las diligencias de investigación que estaban directamente relacionadas con la investigación sobre la caja B del PP, que se puso en marcha a raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas, y que fueron incorporadas a una pieza separada que también se nutrió de los avances que se hicieron en otros casos de corrupción.
En Púnica, por ejemplo, el empresario David Marjaliza detalló que realizó una entrega en metálico de 60.000 euros en la sede de Génova al extesorero Álvaro Lapuerta. A partir de una grabación del caso Lezo, el juez José de la Mata también investiga si las finanzas populares se nutrieron de entre el 2 y el 3 por ciento del importe de contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Madrid, el Canal de Isabel II y el Ministerio de Fomento.
¿Quién era la 'x' de la Kitchen?
La investigación sostiene, de momento, que el responsable político más alto en el escalafón que tendría que asumir responsabilidades penales por la operación Kitchen es el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, número 2 del Ministerio del Interior en el momento en el que se produjeron las pesquisas ilegales. Martínez, que en la actualidad conserva su plaza de letrado en las Cortes, ha insinuado este fin de semana en una conversación con 'El País' que no se va a comer el marrón en soledad: "Voy a contarle al juez todo lo que sé".
Aunque se acogió a su derecho a no declarar en las dos ocasiones en las que fue citado a declarar en la Audiencia Nacional con el argumento de que las actuaciones se encontraban secretas y no conocía exactamente de qué se le estaba acusando, Martínez ha aportado a un notario de Mahón (Islas Baleares) varios mensajes de texto fechados en julio de 2013 que, supuestamente, ponen de manifiesto que su jefe directo, Jorge Fernández Díaz, conocía el desarrollo de la operación, en contra de lo que ha manifestado públicamente. En uno de ellos hablaban directamente del confidente policial: "Chófer B. Sergio Ríos". En otro apunta: "Es importante".
Pero la investigación podría seguir escalando. Un informe del Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que investigó las maniobras realizadas por sus compañeros, concluye que el dispositivo "parapolicial", en expresión del juez García-Castellón, se llevó con pleno conocimiento de 'El Asturiano'. Se trata de un apelativo que ya ha aparecido en otras piezas del caso Tándem, que investiga los supuestos chantajes del comisario José Manuel Villarejo, con el que, según la Fiscalía Anticorrupción, el agente se refería al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Los investigadores creen que Villarejo habría utilizado este mote por contraposición con 'El Gallego', que habría resultado demasiado obvio, y que lo simultaneaba con otro que sí resulta mucho más evidente: 'El Barbas'. La tercera pata de responsabilidades lleva a las dos lugartenientes de Mariano Rajoy en el Gobierno y en el partido: Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. En el sumario constan dos referencias indirectas a la exvicepresidenta primera, a la que se consideraba en el Ministerio del Interior como la gran valedora de Francisco Martínez.
La primera, un mensaje de texto en el que éste pedía a Fernández Díaz "el contacto cecilio", como se conoce en el argot policial a los miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que dependía de la entonces número 2 del Ejecutivo. La segunda, una anotación encontrada en su teléfono móvil en la que el propio Martínez señalaba que la detención de 'El Yeti' (Villarejo) en 2017 respondía, según él, a la voluntad de SSS (Soraya Sáenz de Santamaría) y FSR (Félix Sanz Roldán, director del CNI). Cospedal también aparece vinculada a la operación Kitchen por su cercanía con dos de los policías que la ejecutaron y que se encuentran actualmente imputados: el propio Villarejo, con quien consta una grabación fechada en 2009 en la que la exsecretaria general del PP y su marido se interesan por conseguir información sobre otros dirigentes del PP; y Andrés Gómez Gordo, apodado como 'Cospedin', que fue jefe de seguridad de la exparlamentaria en la etapa en la que fue presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
¿Va a cantar Francisco Martínez? ¿Y los demás?
Los mensajes que Francisco Martínez entregó ante notario y que facilitó a los agentes de Policía que registraron su domicilio el 13 de marzo pasado, un día antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma por la evolución de la pandemia de coronavirus, parecen demostrar que la operación de espionaje a Bárcenas se desarrolló con conocimiento de Fernández Díaz. Esa misma idea la deslizó en su conversación con 'El País': "Supe de esa operación por el ministro. Me llamó, no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la Policía para ver lo de Bárcenas".
Pero Martínez no es el único imputado que podría dar el paso y colaborar con la investigación judicial. Otro de los imputados en varias piezas del caso Tándem, el comisario Enrique García Castaño, conocido como 'El Gordo', también lo ha hecho. Según fuentes jurídicas consultadas por laSexta, el comisario jubilado ha ido aportando a la causa informaciones que han ayudado a los investigadores a consolidar la imputación del exnúmero 2 de Interior. Su papel en la trama es muy destacado porque fue el primero que intentó captar al chófer Sergio Ríos apelando a sus "sentimientos patrióticos". Después lo hizo Villarejo, que en el sumario se jacta de sus dotes de "seducción" frente a la brusquedad con la que actuó su compañero en la Policía.
¿Qué documentación se robó y cuál falta?
El sumario también pone al descubierto que la operación Kitchen fue "un éxito", según se recoge en uno de los supuestos mensajes que Fernández Díaz envió a su número 2. Durante el operativo, el comisario García Castaño entró en un taller de restauración que solía frecuentar Rosalía Iglesias en la calle General Díaz Porlier y se hizo con documentos. Además, la información contenida en dos teléfonos móviles y un ipad de Luis Bárcenas se volcó en un disco duro que nunca se aportó a la investigación sobre la caja B del PP, que dirigía el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. La Policía también interceptó una anotación manuscrita de la mujer del extesorero en el que aseguraba que ese material sembraba el pánico en la formación conservadora: "Sergio ha creado a través jefe presidencia Cospedal disco duro. Muertos de miedo".
¿Cuánto dinero se utilizó en esta operación?
El sumario de la pieza principal del caso Kitchen, que se levantó el pasado 7 de septiembre aunque aún no ha trascendido en su totalidad, también deja claro que al menos 53.266,22 euros de los fondos reservados del Ministerio del Interior se dedicaron al buen fin de esta operación ilegal. Ese dinero, que los investigadores sospechan que es una mínima parte de las partidas que se destinaron a la operación, sirvió para pagar los servicios del chófer de Rosalía Iglesias.
En las diligencias judiciales constan recibís y facturas autorizadas por Francisco Martínez y otros responsables del Ministerio del Interior que reflejan un total de 25 pagos de 2.000 euros mensuales al colaborador policial entre julio de 2013 y septiembre de 2015, a los que habría que sumar otros 2.500 en concepto de las comidas que realizaba durante sus servicios. No obstante, fuentes jurídicas apuntan que García Castaño habría recibido fondos reservados por valor de medio millón de euros, que presuntamente se habrían utilizado en esta y otras operaciones reservadas llevadas a cabo desde el Ministerio del Interior.
¿Forma parte de la investigación el asalto a la casa de Bárcenas?
La investigación también ha tratado de determinar si Interior sufragó con dinero público el intento de secuestro de la familia Bárcenas por parte de un falso cura, Enrique Olivares, que entró en su domicilio familiar el 23 de octubre de 2013 y tuvo que ser reducido por el hijo del tesorero. Fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 22 años de cárcel después de confesar en el juicio que "oía voces dentro de su cabeza". Los magistrados concluyeron que fingía aunque reconocieron que sufría "un trastorno de personalidad con rasgos paranoides, narcisistas y antisociales".
Según fuentes jurídicas consultadas por laSexta, el juez Manuel García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción han tratado de determinar durante los últimos meses el grado de relación que este hombre tenía con el comisario Villarejo y si éste le pagó favores a cambio de su colaboración. Una de las pesquisas, según estas fuentes, consistió en tomarle declaración en la prisión en la que cumple condena, aunque su estado de salud no permitió recabar información para esclarecer su papel en la trama.