Los Presupuestos entran en su recta final. Este lunes han entrado en el Congreso para su trámite parlamentario y este martes les toca a los ministros subir a la tribuna para defender las cuentas de sus respectivos departamentos. Estas son algunas de las medidas negociadas por los partidos:

No habrá subida al diésel

El Gobierno de coalición no va a subir la carga impositiva al diésel, uno de los combustibles más utilizados para los vehículos europeos. Era una de las medidas impositivas estrella, pero tras su aprobación en el Consejo de Ministros, Ciudadanos anunció su apoyo a la tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuestos porque el Gobierno se había comprometido a eliminar en el trámite de enmiendas la subida al diésel, según anunció el partido naranja.

El Ejecutivo había prometido al PNV no subir la presión fiscal al diésel, aunque del Consejo de Ministros salió un aumento de casi 4 céntimos por litro con el que calculan ingresar 450 millones de euros más en 2021, un ingreso que tendrán que sacar de otra parte si finalmente suprimen la subida.

Inversiones territoriales

En virtud de los acuerdos alcanzados por el Gobierno con sus socios, particularmente en el País Vasco y Navarra, auspiciados por PNV y Bildu, y Cataluña (ERC), pero también en Madrid (Más País), Cantabria (PRC), Canarias (NC) y Aragón (Teruel Existe).

Entre las inversiones más destacadas comprometidas hasta ahora se encuentran los 100 millones de inversión real para el AVE en Barcelona, 50 millones para un plan renove para la industria de la máquina herramienta, y un plan contra la pobreza en Canarias por valor de 30 millones de euros. Además, la tramitación parlamentaria ha 'congelado' el sueldo del Gobierno.

También se han reservado 10 millones para I+D+I en el Plan Tecnológico Aeronáutico, hay dos nuevas partidas dirigidas a la crisis migratoria (2,5 millones adicionales a Salvamento Marítimo y 4 millones para proyectos humanitarios), la financiación de un proyecto piloto para una planta de recuperación de residuos y un estudio para encontrar alternativas de bajas emisiones a los vuelos peninsulares.

En el articulado del proyecto, el Gobierno también ha pactado ampliar los supuestos de contratación para personal investigador, incentivos a la participación empresarial en centros tecnológicos y a la producción de energía eólica marina con instalaciones en los puertos, la venta de los cuarteles de Loyola al Ayuntamiento de San Sebastián, y facilidades para la contratación de docentes en universidades no presenciales no enteramente públicas.

Acuerdos con el PNV

Además de lograr que no se suba el impuesto al diésel, el PNV ha conseguido que Hacienda incluya en las cuentas públicas inversiones en estructuras determinadas como el aeropuerto de Foronda (Vitoria), mejoras en estaciones de tren, inversiones en I+D+I y en investigación universitaria o una apuesta por la producción de energía eólica marina.

El apoyo de Bildu

Muy polémico ha sido el apoyo de Bildu a los Presupuestos y más aún tras las palabras de Arnaldo Otegi asegurando que "la república independiente vasca pasa por decir 'sí' a los presupuestos".

Otegi ha negado que su apoyo a las cuentas de Sánchez e Iglesias tenga como contrapartida el acercamiento de presos de ETA al País Vasco y ha apostado por "cumplir la legalidad penitenciaria" en esa cuestión. El objetivo del respaldo de Bildu a los PGE es, a su juicio, mantener abierta lo que ha denominado "ventana de oportunidad" y lograr también más derechos para los sectores golpeados por la pandemia y la recesión económica.

El pacto con ERC

Según Esquerra, se ha acordado el fin del control financiero del Estado a la Generalitat, la ampliación de la moratoria de pagos por parte de los autónomos a la Seguridad Social hasta marzo del 2021, la liquidación de la deuda de educación con la Generalitat en becas desde el año 2005, y por último, la creación de un comité bilateral para una reforma fiscal justa que imponga un impuesto a las grandes fortunas. Este último punto ha sido especialmente polémico.

Debate sobre la armonización fiscal

El acuerdo de ERC con el Gobierno para igualar el impuesto de Patrimonio en todo el país ha reabierto -y acelerado- el debate. ERC acusa a la región madrileña de realizar 'dumping fiscal' con su política de bajos impuestos. Pero lo cierto es que el Ministerio de Hacienda lleva desde hace meses tratando de abordar una armonización fiscal para toda España.

Según el anteproyecto de presupuestos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé un incremento en el impuesto de Patrimonio de un punto porcentual -del 2,5% al 3,5%- en el tipo más elevado, donde se sitúan las fortunas superiores a los 10 millones de euros. Este tributo afecta a los más ricos: grava el patrimonio de las personas físicas. Por ejemplo, pisos, locales, cuantas corrientes, joyas, obras de arte y antigüedades, derechos de propiedad intelectual.

Los presupuestos prevén una subida del 2,5% al 3,5% en el tipo más elevado del impuesto de Patrimonio

El Gobierno cree que subir este impuesto "repercutirá en las arcas autonómicas y mejorará su nivel de financiación", ya que aunque es un tributo estatal, está cedido a las comunidades autónomas, que se encargan no sólo de su gestión y recaudación. También pueden regular su mínimo exento, sus tarifa y deducciones. Por ejemplo, algunas autonomías como la madrileña bonifican al 100% este impuesto.

El 'sí' de Compromís

El portavoz Joan Baldoví ha asegurado que su grupo ha arrancado algunas medidas en estos presupuestos que hacen que sean mejores para la ciudadanía valenciana, como son un acuerdo para la conexión ferroviaria del Aeropuerto del Altet, la línea de cercanías Xàtiva-Alcoy y más inversión para Las Artes y el IVAM.

Otros impuestos

IRPF

El anteproyecto de Presupuestos contempla una subida de tres puntos en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas para rentas del capital de más de 200.000 euros y se aumentan dos puntos el IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 euros.

La subida del IRPF, según se recoge en el documento aportado por el Gobierno, afectaría a 36.194 contribuyentes, un 0,17% del total, y tendría un impacto de 491,4 millones de euros.

El Ejecutivo también contempla la posibilidad de modificar los límites de la reducción por las aportaciones a los planes de pensiones: el límite conjunto de reducción (partícipe y empresa) sube de 8.000 a 10.000 euros y el límite de aportaciones máximas a planes individuales baja a 2.000 euros.

Impuesto de Sociedades

Se prevé la subida del impuesto de Sociedades para grandes grupos empresariales, limitando las exenciones por dividendos y plusvalías generadas por su participación en sociedades fiscales. Según ha apuntado María Jesús Montero, "esta es una medida que ya se aplica en países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Alemania".

Esta subida afectaría a 1.739 empresas, lo que supone el 0,12% del total. En cuanto al impacto económico, supondría 1.520 millones de euros. El objetivo del Gobierno de coalición con esta medida es "proteger a las PYMES". En este sentido, en el informe aportado se recoge que "durante tres años, las empresas con facturación inferior a 40 millones pueden seguir aplicando la exención del 100%".

IVA a las bebidas azucaradas

El Gobierno prevé incrementar el tipo del IVA del 10% al 21% de las bebidas azucaradas y edulcoradas en busca de mejorar los hábitos de consumo de los ciudadanos. "Se persiguen los hábitos saludables, no se buscan medidas recaudatorias", ha apuntado María Jesús Montero al respecto. El Ejecutivo también quiere reducir el coste sanitario de patologías derivadas del consumo de estos producto

Esta medida tendría un impacto de 400 millones de euros y solo afectaría a su venta en tiendas o supermercados, pero el IVA de la restauración seguiría estando al mismo nivel que siempre. En este sentido, la portavoz del Gobierno ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad absoluta porque la hostelería no se verá afectada de ninguna manera".

Los votos en contra

En el voto en contra siguen el PP y sus socios de UPN y Foro Asturias, así como Coalición Canaria y los independentistas catalanes de Junts y la CUP. Ciudadanos, que apoyó tramitar los presupuestos y se ofreció a negociar, ya se pasó también al 'no' ante el acuerdo de Gobierno con ERC y Bildu y tras ver que sólo se admitió una enmienda naranja, la relativa a la tarjeta sanitaria única. Vox también está en contra de los Presupuestos, aunque en su caso renunciaron a presentar enmiendas y ni siquiera participaron en las votaciones de la comisión.