La oposición y los ecologistas temen que la futura ley contra el cambio climático se quede en humo. Su objetivo será reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover un modelo de desarrollo bajo en carbono, unas promesas que ponen en duda.

"Si tenemos al ministro de Energía hablando de que España no va a pagar ni un euro más por el cambio climático sacando un real decreto que pretende nacionalizar centrales de carbón, al final son discursos que se oponen unos con otros", asegura Melisa Rodríguez, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Cambio Climático.

El reciente real decreto de Nadal para blindar las centrales térmicas de carbón no parece consecuente con los propósitos de París. Tampoco el recorte en presupuesto para cambio climático ni la subvención anual de 470 millones de euros para la generación de energía con combustibles fósiles.

"La política energética en España tiene mucha influencia del oligopolio empresarial que hay en el sector energético y que sigue basando su política empresarial en los combustibles fósiles y energía nuclear", denuncia Juan López deUralde, portavoz de Equo en la Comisión de Cambio Climático.

No hay que olvidar el impuesto al sol del exministro Soria, que condena a las instalaciones de autoconsumo a pagar un cargo sobre la electricidad autoproducida.

Una comisión de expertos del grupo interministerial del cambio climático está puliendo los últimos flecos del anteproyecto de ley: oposición y ecologistas esperan que suponga "una transición energética renovable que reduzca además los consumos superfluos", porque si al final las promesas de Rajoy se las lleva el viento, que al menos les saquemos unos cuantos kilovatios.