El martes que viene, el Gobierno prevé presentar en el Consejo de Ministros la nueva ley de Salud Sexual con la que Igualdad prevé la eliminación del IVA de los productos de higiene íntima.

La medida afectaría a artículos como compresas, tampones y copas menstruales. Esta supresión del IVA del 10% implicaría una rebaja de unos 40 céntimos por producto.

En concreto, un pack de 24 compresas cuesta en torno a 4,50 euros y pasaría a valer 4,05. Respecto a los tampones, por una caja de 24 se paga ahora 4,30; con la medida, serían 3,87 euros. A pesar de que no parece mucho, hay que multiplicar el importe por todos los años que la mujer utiliza estos artículos.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha mostrado su deseo de que el Ministerio de Hacienda apruebe esta medida contra lo que califica de "tasa rosa". "No se entiende que una cosa sin la que no podemos vivir sea más cara por una simple decisión política", subraya.

Fuentes de Igualdad apuntan a EFE que, según sus cálculos, la propuesta del IVA cero tendrían un coste asumible para el Estado de 30 millones de euros al año.

La supresión del IVA aparece recogida en el borrador en una disposición adicional en la que se incluyen también pañales para bebés y artículos para la incontinencia.

Por otro lado, la nueva ley también recogerá la baja por reglas dolorosas. Fuentes del Gobierno apuntan que serán asumidas por la Seguridad Social desde el primer día y que no será necesario un mínimo de cotización para poder acogerse a ellas.

La duración de estas bajas será la que necesite cada mujer, y no tres días como se había hablado.

"Vamos a reconocer por Ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial que será costeada por el Estado desde el primer día. Avanzamos para que ya no sea normal ir al trabajo con dolor y para acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en torno a la regla. Avanzamos en derechos", ha afirmado Irene Montero, ministra de Igualdad.

Esta decisión fue motivo de debate dentro del seno del Gobierno, como reconoció José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, que admitió que la iniciativa se encontraba "en discusión".