Caso Residencias
"No se iban a morir igual": los familiares de las víctimas de los 'protocolos de la vergüenza' piden justicia
El contexto Este martes declaran tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como imputados en dos juzgados distintos de la región por su gestión de las residencias públicas de mayores durante la pandemia.

Resumen IA supervisado
Una veintena de familiares de víctimas de residencias se han concentrado en el Juzgado de Instrucción número 23 de Plaza de Castilla, Madrid, exigiendo justicia por la gestión en las residencias públicas de mayores durante la pandemia. Los manifestantes critican los 'protocolos de la vergüenza', que supuestamente dejaron a 7.291 residentes sin asistencia sanitaria. Este martes y miércoles declaran como imputados tres ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, investigados por presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria. La causa, archivada previamente, se reabrió tras una solicitud de la Fiscalía Provincial. Los imputados son Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca Ostalaza.
* Resumen supervisado por periodistas.
Una veintena de familiares de víctimas de residencias se han concentrado en el Juzgado de Instrucción número 23 de Plaza de Castilla (Madrid) esperando la llegada de los tres ex altos cargos de Isabel Díaz Ayuso imputados por la gestión en las residencias públicas de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de coronavirus.
Con gritos de "Ayuso dimisión, Ayuso a prisión" o "no se iban a morir igual", los familiares de las víctimas de los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' exigen que se haga "justicia". "7.291 residentes murieron abandonados sin asistencia sanitaria", denuncian en una pancarta.
Este martes y miércoles declaran como imputados tres ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid en dos juzgados de la región en relación con la gestión realizada en estas residencias. Los investigados ya fueron citados en dos ocasiones anteriores, pero no llegaron a prestar declaración. Se investiga si cometieron un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid, un delito castigado por el artículo 511 del Código Penal.
La causa se había archivado de manera provisional, pero se reabrió el pasado 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial. Ahora están llamados a declarar los cargos autonómicos que firmaron los protocolos que impedían la derivación de mayores residente en residencias a hospitales durante lo más crudo de la pandemia.
Los imputados llamados a declarar son el que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño, Carlos Mur, y su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo. También Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (Summa112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas.
Los tres exaltos cargos están citados a declarar este martes como investigados en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, a partir de las 10:00 horas, donde se analiza la querella interpuesta por la familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo. El miércoles deberán comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, también a partir de las 10:00 horas. En este caso, la querella fue presentada por la familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones.
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