Los letrados de la Administración de Justicia arrancan su quinta semana de huelga indefinida con las negociaciones encalladas con el Ministerio de Justicia. Una protesta que hasta el momento ha obligado a cancelar más de 150.000 juicios y vistas, además de dejar 560 millones de euros pendientes de entrega.
El departamento que dirige Pilar Llop y el comité de huelga no lograron alcanzar un consenso el pasado viernes, tras una reunión que se prolongó 15 horas, y ambas partes se acusan mutuamente de no tener voluntad de negociar acuerdos.
Las principales reivindicaciones de los funcionarios, que iniciaron la huelga el pasado 24 de enero, son una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85% respecto a estos dos operadores jurídicos, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas.
Justicia sostiene que solo queda por cumplir una de las 11 reivindicaciones planteadas por las asociaciones de los antiguos secretarios judiciales -la revisión del complemento de productividad- y considera fuera de lugar sus peticiones salariales, cuando sus retribuciones van a crecer de media un 14,76 % en tres años.
Según el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, los letrados se han negado a la propuesta del Ministerio de un incremento retributivo que beneficiaría sobre todo a los que menos cobran e insiste en la desconvocatoria de la huelga para seguir negociando.
La nueva propuesta de los letrados insiste en mantener la cláusula de enganche, que supondría referenciar la cuantía de sus retribuciones a las de los jueces y magistrados. Niegan haber elevados sus exigencias salariales y acusan al Ministerio de mantener una actitud irresponsable en la mesa de negociación.