Los letrados de la administración de Justicia están en huelga indefinida desde el 24 de enero para reclamar mejoras salariales y laborales. Su paro es algo inédito en la historia, lo que ha provocado que el 80% de los procesos judiciales estén paralizados en toda España.

El impacto está siendo tremendo. En las tres semanas de huelga ya se han suspendido más de 100.000 juicios y vistas, es decir, se han cancelado más de 9.000 procesos cada día.

Además, los pagos judiciales, las fianzas, las indemnizaciones o los embargos también están parados. Hay más de 350 millones de euros pendientes de entregar. A todo esto hay que sumar las multas que no se están cobrando: más de 12 millones de euros desde que comenzó la huelga el 24 de enero.

Pero pese a las consecuencias de estos paros, las posturas en la negociación en la que se sientan los trabajadores y el Ministerio de Justicia están muy alejadas. Los letrados denuncian que desde 2009 aumentaron mucho sus responsabilidades pero no sus salarios.

Desde Justicia, en cambio, recuerdan que ya les han subido la nómina y que no están justificadas más subidas.

La próxima fecha clave será el 16 de febrero, día en el que se reunirán ambas partes.

¿Quiénes protestan?

Quienes están llamados a esta huelga son un total de 4.300 licenciados o graduados en Derecho, funcionarios del subgrupo A1 de la administración pública, con un sueldo que va de los 39.000 a los más de 60.000 euros brutos al año, sin contar los complementos variables, según el Ministerio de Justicia.

Desde 2010 y tras sucesivas reformas legales, los letrados han ido asumiendo nuevas funciones, como admitir a trámite las demandas y ejecutar separaciones y divorcios de mutuo acuerdo y otros actos de conciliación. Estas y otras tareas se suman a las que ya les correspondían previamente: dirigir la oficina judicial, acordar las resoluciones en los procedimientos que no corresponden a los jueces, dar fe de las actuaciones judiciales, ejercer como secretarios de las juntas electorales, informar a las víctimas de delitos y hacer la estadística judicial, entre otras.

Las asociaciones convocantes del paro son el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).

¿Qué es lo que piden?

Sus principales reivindicaciones son una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para que los letrados nunca cobren menos del 85% respecto a estos dos operadores jurídicos, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas. También exigen obtener un ámbito de negociación colectiva propio.

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez sostiene que solo queda por cumplir una de las once reivindicaciones planteadas por las asociaciones -la revisión del complemento de productividad- y considera "fuera de lugar" sus peticiones salariales, cuando sus retribuciones van a crecer de media un 14,76 % en tres años.