Los gobiernos autonómicos continúan estableciendo nuevas medidas restrictivas para contener la evolución de la segunda ola del coronavirus y cinco de ellos -Asturias, Castilla y León, Navarra, Murcia y Galicia- han anunciado ya el cierre de actividades económicas no esenciales tales como la hostelería y la restauración.
Estas comunidades se unen así a las restricciones que impuso Cataluña hace dos semanas para cerrar los bares y restaurantes, solo permitiendo servir comida para llevar y a domicilio. Una medida que ha ampliado durante 15 días más.
Tras Cataluña, Asturias fue la primera comunidad en decretar el cierre de toda la actividad económica no esencial de la región, lo que implica el cierre de bares y restaurantes de todo el principado.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este martes el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, los centros comerciales y establecimiento de más de 2.500 metros cuadrados y los centros deportivos desde el próximo viernes.
Situación similar en Navarra, que se encuentra confinada perimetralmente y con el cierre de los bares y restaurantes. Respecto al toque de queda, se mantiene de 23 a 6 horas y, por el momento, el vicepresidente y portavoz, Javier Ramírez, descarta un confinamiento domiciliario como el de marzo.
La región de Murcia no decretó hasta este miércoles el cierre de la hostelería, una medida que se suma a la del cierre perimetral de la comunidad y a un toque de queda establecido entre las 23 y las 6 horas.
Por su parte, Galicia ha aplicado el cierre de la hostelería a 60 municipios -entre los que destacan las siete grandes ciudades- y el confinamiento perimetral.
Cantabria no obligará al cierre de los bares y restaurantes, aunque ha decretado el cierre al público en el interior de los locales de hostelería a partir de este sábado.
La hostelería pide un plan de rescate
La plataforma Juntos con la Hostelería ha urgido a las autoridades a aprobar un plan de rescate para el sector que incluya "ayudas directas a fondo perdido" por valor de 8.500 millones de euros ante el fuerte impacto de la pandemia en su negocio.
Los responsables de la iniciativa, constituida por las patronales de hostelería, industria alimentaria (FIAB) y sector de gran consumo (Aecoc), han instado a la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, a retomar cuanto antes la propuesta que lanzó el 28 de octubre, cuando anunció que convocaría a las comunidades autónomas para definir un programa de apoyo.
Entre sus peticiones se encuentra la de "derogar" la cláusula de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que obliga a las empresas que se acogen a esta medida a no poder despedir a ningún trabajador "en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad".