El president del Parlament aplaza la investidura hasta que haya, dice, garantías: "Que sea una investidura que conlleve un presidente, una toma de posesión de un gobierno y un gobierno que gobierne". Una decisión que deja en un limbo jurídico a Cataluña. Según el Estatut catalán, "si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato es elegido", el Parlament se disuelve y se convocan elecciones.
El problema está en que no ha habido investidura por lo que, según algunos expertos, ese plazo de dos meses no habría comenzado: "En mi opinión, no han empezado a correr los plazos porque efectivamente estaba prevista la investidura del candidato Puigdemont. Hay un vacío legal aquí pero yo entiendo que el TC dará alguna instrucción al respecto" defiende Francesc Pau.
Quien ha cumplido con sus plazos ha sido el president Roger Torrent. La ley de presidencia de la Generalitat le otorga 10 días desde la constitución de la cámara para nombrar un candidato y eso es lo que ha hecho y, de momento, no tiene intención de buscar alternativas: "Hay un único candidato a la Presidencia de la Generalitat y lo que debemos hacer es encontrar la fórmula para que su investidura sea efectiva".
Para desencallar esta situación, Ciudadanos le pide nuevas opciones: "Si Torrent hubiera desconvocado el pleno y hubiera desistido en insistir con Puigdemont, podría iniciarse otra ronda de consultas y plantearse un candidato" asegura Arrimadas.
Sin embargo, para el PSC la cuenta atrás ya habría comenzado: "Se abre un plazo de dos meses en el cual tenemos la oportunidad, entre todos, de proceder a una investidura" defiende Iceta. Una opinión que comparte el Gobierno: "Tiene que ser la puesta en marcha del reloj. No podemos estar en el limbo permanentemente" dice Catalá.
De momento, la Mesa del Parlament ha pedido a los letrados de la Cámara un informe, que ya ultiman ,que defina los plazos de la sesión de investidura. Y todo, a la espera de que el Tribunal Constitucional decida también si admite a trámite o no el recurso del Gobierno contra la investidura de Puigdemont.