"Globalmente insatisfactorio" es el veredicto del Consejo de Europa sobre España en su último informe sobre corrupción y calidad democrática. Hace cuatro años este organismo ya advirtió a España y le dio 11 recomendaciones para mejorar la transparencia y la independencia judicial.
De esas 11 advertencias, sólo se han adoptado siete y no de todo. "Es una desidia por el Gobierno y de los grupos parlamentarios y los partidos que deberían haber adoptado hace años una serie de reformas legales", asegura Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España.
Una de esas prácticas que se han corregido de forma parcial es la regulación de los grupos de presión, los llamados lobbies y la relación de estos con diputados y senadores. Para lo que el Consejo de Europa, pide un registro público para mejorar en transparencia.
"Consideramos que es un proceso de calidad democrática, que todo lo que sea mejorar esa transparencia va a beneficiar a las leyes", apunta Jaime Olmos, socio de Asunto Públicos KREAB.
Pero hay otras cuatro medidas que no han sido ni siquiera abordadas como la adopción de códigos de conducta en el Congreso y el Senado, el Poder Judicial y en la Fiscalía y también la necesidad de cambiar el sistema de elección en el poder judicial y los altos cargos en el Ministerio Público.
El Parlamento elige a ocho de los 20 vocales que conforman el Consejo General del Poder Judicial y es el Gobierno quien propone al Fiscal General del Estado para que sea nombrado por el rey. "El hecho de que la Fiscalía dependa presupuestariamente del Ministerio de Justicia, del Gobierno, arroja dudas sobre la independencia de este órgano", añade Lizcano.
El Consejo de Europa no pone en duda el sistema judicial español pero dice textualmente que "falta una acción más decidida" para prevenir la corrupción en España.