No sabemos si la gente habla de este asunto en el metro, como afirmó la ministra de Justicia, Pilar Llop, pero el bloqueo del PP a la renovación delConsejo General del Poder Judicial(CGPJ) repercute directamente en la vida de muchos españoles. La dimisión del presidente del órgano de Gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, es el último capítulo de una parálisis institucional de la justicia sin precedentes: se aplazan decisiones judiciales y están atascadas sentencias clave sobre el aborto, los desahucios o los despidos laborales.

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El contexto. El CGPJ lleva en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. Su composición actual data de 2013, durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.

  • La Constitución fija un mandato de cinco años para CGPJ y una mayoría reforzada de tres quintos de las Cortes para renovarlo. Con la actual aritmética parlamentaria, no puede renovarse sin acuerdo del PSOE y el PP.

¿Cómo me afecta? En la actualidad, la ley impide que el CGPJ pueda nombrar nuevos cargos. Esto hace que 49 de 116 tribunales estén presididos por jueces que no son titulares del mismo. Incluso la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central puede dejar de actuar porque se ha quedado sin miembros.

  • Por lo que respecta al Constitucional, ahora mismo hay varias decisiones de importantes leyes pendientes de que sean consideradas por el pleno del Tribunal de garantías. Un ejemplo es el recurso a la ley del aborto que el PP presentó en 2010. Doce años después, sigue sin haberse tomado una decisión al respecto.
  • El Gobierno estableció una excepción para los nombramientos: el propio Constitucional, ya que era necesario renovar alguno de sus vocales y el Ejecutivo confiaba en que el CGPJ fuera capaz de proponer a sus dos candidatos, por los otros dos del Gobierno. Esto garantizaría una mayoría progresista en la institución.
  • El pasado 13 de septiembre finalizó el plazo para que el CGPJ renovara dos de sus miembros. Pero el desacuerdo entre conservadores y progresistas, lo impidió. La dimisión de Lesmes puede complicarlo aún más.

¿Por qué es importante? La dimisión de Carlos Lesmesha sacudido el tablero, tras cuatro años de interinidad sin que den frutos los intentos de pacto entre socialistas y populares. Ahora, el propio Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial de nuestro país, se encuentra en una situación crítica.

  • Hay 12 vacantes de magistrados sin cubrir, y en los próximos meses, serán 20. Esto significa que el Supremo tendrá que trabajar sin el 25% de sus efectivos.
  • La sala de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social están al límite.

¿Qué pasará después? El alcance de la crisis constitucional también implica que no esté muy claro quién ha de sustituir a Lesmes en su doble condición de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Lesmes encargó al Gabinete Técnico del Tribunal Supremoun informe para aclarar cómo debía ser reemplazado. El documento señala que su sucesor debe ser el vicepresidente, Francisco Marín Castán. También es el presidente de sala más antiguo: el de la Sala de lo Civil.

  • El informe defiende que el sustituto de Lesmes debe ocupar ambos cargos: la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ. Afirma que se trata de "una titularidad conjunta en indisociable" y que la sustitución se dará "de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno". Es decir, que el reemplazo se produce cuando la dimisión de Lesmes se publique en el BOE parta evitar vacío de poder.
  • Algunos vocales del CGPJ se oponen al ascenso del actual vicepresidente. Argumentan que le resta legitimidad haber ocupado el cargo de vicepresidente siempre en funciones. Sustituyó al magistrado Ángel Juanes, que alcanzó la edad máxima de jubilación.
  • Sus opositores piden participar de la elección, como ocurre en condiciones normales. Podrían postular algún candidato alternativo.

La otra cara. El PP se niega a alcanzar un acuerdo si no se reforma la ley para que sean los jueces quienes elijan la mayoría de vocales del CGPJ. Además, pide al Gobierno que retire la reforma que impide que el CGPJ en funciones realice nombramientos discrecionales. Desde el Gobierno, ahora, se abren a posibles cambios en el método de elección de los jueces.