Aplausos y gritos de 'sí se puede', así les recibían sus vecinos, familiares y amigos. Han pasado más de 78 horas encerrados en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, y ahora su lucha continúa fuera.
Los vecinos seguirán pidiendo que se convoque un referéndum. El grupo socialista impugnará la votación en la que se decidió seguir adelante con la privatización del agua. Al haber empate, el voto del alcalde contabilizó como doble. Según la oposición, la ley impone que este tipo de adjudicaciones se deben aprobar por mayoría.
Esto se podría evitar si el alcalde diese marcha atrás, pero Diego Ortega sigue defendiendo la operación. "No va a haber ningún despido, y se mantiene el precio del agua", asegura el edil.
Atrás quedan tres días de protestas, incidentes con la Policía, y tres noches de encierro que no han terminado como ellos desearían, pero que han servido para demostrar que su lucha no es cosa de unos pocos.