El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha anunciado a la Audiencia Provincial de Sevilla su intención de recurrir la sentencia de la pieza política de los ERE por infracción de ley, error en los hechos probados o falta de claridad, entre otros motivos.
En un escrito presentado este miércoles, 8 de enero, ante la Sección Primera, el abogado de Griñán considera que la sentencia, que le impuso 6 años y 2 días de prisión y 15 años y 2 días de inhabilitación absoluta por malversación y prevaricación, es "no ajustada a derecho y contraria a los intereses" del exdirigente andaluz.
El expresidente presentará un recurso de casación ante el Supremo
Así mismo, ha expresado su propósito de presentar un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por "infracción de ley, error en los hechos probados derivados de documentos obrantes en la causa, quebrantamiento de forma por falta de claridad, contradicción en los hechos probados e infracción de precepto constitucional".
Condenado por prevaricación y malversación
El pasado 19 de noviembre, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla comunicó el fallo sobre la pieza política de los ERE. Entonces, José Antonio Griñán fue condenado por los delitos de prevaricación y malversación a seis años y dos días de prisión e inhabilitación absoluta de 14 años y dos días.
En la sentencia, de más de 1.700 folios, apuntaba a Manuel Chaves, también expresidente de la Junta, y a Griñán, responsables del sistema de ayudas públicas que el Gobierno andaluz instauró durante una década (2000-2009) para beneficiar a empresas en crisis.
La sentencia daba así por válida la última cifra que dio la Fiscalía en sus conclusiones en el juicio, estableciendo que un total de 680 millones se movieron son control y con mecanismos inadecuados. De esa cantidad, 128 millones fueron a parar a intrusos o trabajadores a los que no correspondían.
Griñán, "plenamente consciente"
Sobre el papel de Griñán en concreto, cuando estaba al frente de Economía y Hacienda, se detallaba que, "sabiendo que las subvenciones eran concedidas por la Consejería de Empleo, era igualmente conocido por la Consejería de Hacienda, que una vez que el Interventor de la Consejería de Empleo había fiscalizado el expediente de Transferencia de Financiación, era materialmente imposible la fiscalización previa de la concesión de subvenciones, dado que no existía ningún procedimiento que permitiera tramitar otro expediente para dicha concesión".
Griñán, como consejero de Hacienda, "era plenamente consciente de la ilegalidad de los actos en los que participó".
"Siendo Consejero de Economía y Hacienda, se siguió haciendo este uso inadecuado de las transferencias de financiación en las distintas modificaciones presupuestarias que se produjeron (...) Por consiguiente, el encausado era plenamente consciente de la patente ilegalidad de los actos en los que participó",recogía el escrito.