Francisco Granados llega
a la Consejería de Presidencia el 20 de diciembre de 2004. 24 horas después, el día
21, el Gobierno de Esperanza Aguirre transfiere a esa consejería las
competencias de la empresa pública Arpegio, dependiente hasta entonces de la de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
A partir de ahí,
Granados idea lo que para Anticorrupción fue un "plan criminal" para
hacerse con cantidades ingentes de dinero público en comisiones a cambio de contratos
públicos.
Un plan con dos patas
controladas por Arpegio: por un lado, la adjudicación de parcelas de los
consorcios urbanísticos constituidos por la Comunidad y distintos
ayuntamientos, en los que el Gobierno de Aguirre gastó 2.000 millones de euros.
Por otro, la adjudicación de las obras de los dos planes Prisma de inversión
regional, a los que fueron a parar 1.000 millones más. En total 3.000 millones
de euros de todos los madrileños.
Granados se hizo con el
control total de los planes Prisma gracias a una encomienda de gestión a
Arpegio que las fiscales definen como fraudulenta y como un traspaso ilegal de
competencias.
Respecto a los
consorcios urbanísticos, Anticorrupción es muy contundente: las adjudicaciones
de suelo estaban amañadas y se las repartían entre Arpegio y los gobiernos
municipales que a su vez repartían con otros grupos políticos.