La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, no ha impuesto medidas cautelares a Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra, tras la declaración de este como imputado por blanqueo del narcotráfico en la causa de Sito Miñanco.

Según ha explicado el propio Boye, Tardón ha rechazado imponerle las comparecencias quincenales que había pedido la Fiscalía. La jueza le ha puesto como única obligación que comunique si cambia de domicilio.

Boye se encuentra imputado en una pieza separada por blanqueo derivada de la causa que se sigue contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, detenido en 2018.

 

En ella se investiga si el abogado le ayudó a blanquear unos 900.000 euros que les fueron intervenidos a tres ciudadanos colombianos en el aeropuerto de Madrid.

Un año antes de la nueva detención de Miñanco fueron interceptados en el aeropuerto de Madrid-Barajas 889.470 euros que llevaban miembros de la organización ocultos en dobles fondos de mochilas cuando se disponían a viajar a Bogotá, Colombia.

Boye defiende su inocencia

Boye ha defendido su inocencia, negando todos los cargos por los que se le imputa y ha asegurado que el Sepblac aceptó los pagarés investigados. Además, ha insinuado que la operación puede estar motivada por su relación con Puigdemont, actualmente huido.

Esta teoría ya la había defendido previamente, cuando la jueza ordenó el registro de su domicilio y su despacho. En una entrevista en RAC1, Boye explicó que el registro de 15 horas había sido "para copiar el contenido de mi teléfono móvil y mis correos electrónicos".

"Si no fuera el abogado de Puigdemont ni siquiera me habrían llamado", expresó.