Desde 1992 rige un
decreto que regula el Estatuto de los expresidentes del Gobierno para que, cada
uno de ellos, pueda organizar una especie de oficina de representación a cuyo
servicio se adscriben dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel
18, que son cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre
designación.
Este personal, que se
incluirá en la relación de puestos de trabajo correspondientes a la Presidencia
del Gobierno, tendrá la consideración de 'personal eventual de gabinete' y, si
fuesen funcionarios, pasarán a la situación de servicios especiales.
Igualmente, se pone a
disposición de cada uno un automóvil de representación con conductores de la
Administración del Estado, los servicios de seguridad que el Ministerio del
Interior estimen necesarios, y se les otorga "libre pase" en las
compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.
Además, se les facilita
una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su
caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los
Presupuestos Generales del Estado. Esa cuantía se reparte a partes iguales y
desde 2012 supone 74.580 euros para cada uno, según datos facilitados por el
Portal de Transparencia.
En los Presupuestos de
2018 aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy y prorrogados por el de Pedro
Sánchez, esa partida se fijó en 223.740 euros a repartir entre los expresidentes
de ese momento, que eran Felipe González, José María Aznar y José Luis
Rodríguez Zapatero.
Tras la moción de
censura, Mariano Rajoy pasó a engrosar la lista de expresidentes y en el
segundo semestre del año la cuantía que recibía cada uno se redujo. Ahora, en
el proyecto de Presupuestos Generales de 2019 presentado este lunes en el
Congreso, esa partida aumenta hasta los 298.320
euros, de tal manera que el último presidente del PP pueda disponer de sus casi
75.000 euros anuales sin que se le reste a los demás.
Asimismo, y según el
estatuto de los expresidentes, estos gozarán siempre "de la consideración,
atención y apoyo debidos a quienes han desempeñado este cargo". Por eso
deben ser tratados como 'presidente', ocuparán un lugar protocolario especial
en los actos institucionales y cuando viajen al extranjero podrán contar con
apoyo diplomático de las embajadas.
Al margen de estas
cuestiones, los presidentes, como cualquier otro cargo alto cargo, tienen
derecho a percibir una 'pensión' o indemnización por cese que asciende al 80% del sueldo durante un tiempo máximo de dos años desde el cese.
Esa indemnización es
incompatible con cualquier otro ingreso público y, por lo tanto, Rajoy renunció
a ella al volver a su condición de registrador de la propiedad.