El PP de Feijóo avala el veto a las festejos islámicos en Jumilla y el Gobierno les acusa de querer echar al migrante

PP y Vox se han puesto de acuerdo para vetar, de facto, las celebraciones islámicas en Jumilla. Mientras el Gobierno condena lo que considera una moción "absolutamente racista", el PP nacional no rectifica y defiende la medida, que prohíbe los actos religiosos, culturales y sociales extradeportivos ajenos al Ayuntamiento en los polideportivos de la localidad murciana, entre ellos los que venía celebrando en esas instalaciones la comunidad musulmana del municipio.

Génova se escuda en el argumento de que en la letra pequeña de la enmienda aprobada no se menciona la palabra "musulmana", el mismo que este miércoles esgrimía la portavoz del Ayuntamiento. Este jueves, ha sido su vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo, quien ha defendido que "la resolución que se ha aprobado en Jumilla son solo dos puntos en los que no hay ninguna referencia a ninguna religión, a ningún rito, como ya ha recogido algún medio, que eso no es cierto".

Los 'populares' presumen de ser un partido que respeta las creencias y la fe de la gente, tal y como ha querido hacer ver el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos. "Nunca vamos a señalar a nadie por lo que crea o por lo que rece y lo mismo que yo, como católico, pido respeto a mi fe, ¿cómo no voy a respetar cualquier otra fe?", ha defendido.

Sin embargo, la realidad es que, en la práctica, con esa enmienda aprobada en Jumilla se cumple lo que Vox quería y así lo ha celebrado la propia formación de ultraderecha en redes sociales, donde ha presumido de aprobar "la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos" y ha proclamado que "España es y será siempre tierra de raíces cristianas".

Condena del Gobierno

Desde el Gobierno, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha tachado la medida de "absolutamente racista" y ha advertido de que el Ejecutivo va a "garantizar el respeto máximo a la Constitución", que consagra la libertad de culto. "Si algo defiende la identidad de nuestro país es el respeto a la Constitución y tanto en su artículo 14 como su artículo 16 hablamos de una libertad de culto, de respeto, de no discriminación por orígenes religiosos", ha incidido Saiz. "Mi máxima condena y vamos a estar muy vigilantes para proteger y acompañar a la población", ha avisado.

Fuentes de su departamento citadas por Efe habían apuntado previamente que seguirán "muy de cerca" los discursos de odio que "puedan derivarse o potenciarse a raíz de estas iniciativas" que "atentan contra la libertad y dignidad de las personas". A raíz de los disturbios racistas del mes pasado en Torre-Pacheco, también en Murcia, cuando se detectó un incremento notable de los mensajes de odio en las redes sociales, se creó un grupo de trabajo permanente con las plataformas para mejorar la retirada de esos discursos.

Así lo ha confirmado también la titular del ramo en la cadena pública, donde ha advertido de que "no podemos minusvalorar el poder de las redes sociales" tras lo ocurrido en Torre-Pacheco, donde "con cuestiones que pueden parecer inofensivas prenden la mecha para que el odio y el racismo se intenten propagar". "Vamos a monitorizar específicamente cómo se comportan las redes sociales", ha indicado, colaborando con Interior y Fiscalía "para frenar cualquier intento de propagar el odio contra la población migrante".

Una población migrante, ha incidido además Saiz, sin cuyo aporte las localidades "colapsarían". "En Jumilla el 20% de los afiliados son extranjeros", ha ilustrado en este sentido la titular de Seguridad Social.

La libertad de culto, consagrada en la Constitución

"Vamos a garantizar el respeto máximo a la Constitución", ha asegurado la ministra. "¿Se imagina que a cualquiera de nosotros que en nuestro día a día desarrollamos con libertad nuestras creencias y hacemos de manera cotidiano el culto que cada uno entienda de su libertad, por una decisión política de un gobierno de la vergüenza, en este caso de PP y Vox, se vea alterada esa práctica diaria? Inoculando miedo, como vimos en Torre-Pacheco", ha planteado.

Asimismo, Saiz ha criticado que "lo hacen de una manera absolutamente sibilina", después de que el PP alegara que la medida no se centra en la población musulmana. "Están haciendo la máxima expresión de la derechita cobarde, ni siquiera van de cara", ha aseverado la ministra, que ha denunciado que "lo que están haciendo es intentar alterar la vida de la ciudadanía".

"Están utilizando pequeñas localidades como laboratorios de lo que para ellos es España, el país que algún día aspiran a gobernar: un país cerrado, un país pobre", ha alertado la ministra, que ha hecho hincapié en que PP y Vox se han "fusionado" en su política migratoria, alcanzando lo que califica como "pactos de la vergüenza que no hacen más que intentar dar retrocesos en derechos".

Echar a los migrantes, el verdadero objetivo

La ministra Saiz ha reiterado que lo hacen de forma "sibilina", con "acciones que parecen inofensivas": en el caso de Jumilla, camuflando con la práctica del deporte "lo que hay detrás, que es intentar un éxodo, que estas personas que llevan viviendo años, décadas, en estas localidades, aportando, integrados y trabajando, inocularles miedo y desesperación por un puñado de votos".

En el mismo sentido, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha avisado en Al Rojo Vivo de que "las decisiones que se toman no son inocuas" y que el objetivo es "generar en las personas migrantes o en las personas inmigrantes, generar una sensación de inseguridad, una sensación de miedo, una sensación de que tienen que marcharse de Jumilla porque ese no es un lugar seguro donde puedan desarrollar su vida con normalidad como están haciendo".E

En el PSOE creen que el hecho de que el PP respalde a Vox supone atentar contra los derechos fundamentales. "Ya está bien, no necesita España un PP que esté con posiciones extremas", ha aseverado por su parte Juan Espadas, portavoz del Grupo Socialista en el Senado. "Lo que debemos hacer es respetarles sus derechos", ha defendido.

Una localidad con 72 nacionalidades

Desde el departamento de Saiz incidían ya este jueves por la mañana en que la libertad religiosa está garantizada en la Carta Magna, extremo que también recordaban desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Fuentes del departamento de Félix Bolaños consultadas por la misma agencia enmarcan la decisión municipal en la "deriva extremista y excluyente" de los gobiernos de PP y Vox. Su proyecto, dicen, pasa por "imponer un modelo político y social contrario a la Constitución" y avisan: "No está a salvo nadie que no comparta sus postulados o sus creencias".

Jumilla es una población vitivinícola limítrofe con Alicante y Albacete, con unos 28.000 habitantes de hasta 72 nacionalidades distintas. Las más numerosas, según el Ayuntamiento, son las procedentes de Sudamérica, y tras ellas, la marroquí, que representa en torno al 10% de la población y está asentada desde hace décadas en la localidad.