El Gobierno ha sacado adelante el decreto para tratar de controlar el precio del recibo de la luz y reducir "los beneficios extraordinarios" que las empresas eléctricas obtienen por los altos precios del gas. En votación, el decreto ha conseguido 182 síes, 150 noes y 13 abstenciones.

Ninguna sorpresa para el Gobierno de coalición, que ha conseguido los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Compromís, Más País, Esquerra Republicana, EH Bildu y BNG. Por su parte, PNV se ha abstenido a la espera de que se desarrollen nuevas medidas para ayudar a las industrias, al igual que Junts per Catalunya. Partido Popular, Vox y Ciudadanos han votado en contra de este decreto.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que el Gobierno buscará no aplicar la minoración de los beneficios que las eléctricas obtienen en el mercado por el alto precio del gas a las que garanticen precios estables que no internalicen la evolución del precio de este bien.

Ribera dice que llevan semanas trabajando con la industria y las empresas energéticas para que estas ofrezcan contratos a precio fijo

La vicepresidenta, durante su defensa del real decreto ley que va a ser convalidado en la Cámara Baja, ha señalado que con ello se trata de "impulsar la cobertura de precios razonables para la industria". Además, ha dicho que en las próximas semanas se complementarán las medidas con otras adicionales "para cubrir contratos bilaterales y precios razonables para los consumidores industriales" y también "reforzar la posición" de aquellos consumidores vulnerables acogidos al bono social.

La ministra ha comentado posteriormente en los pasillos del Congreso que la afección a la industria está siendo "más alta de lo que pensábamos" y ha añadido que el Gobierno va a trabajar para que "pueda haber otras alternativas para comprar y adquirir electricidad a un precio que no tenga nada que ver con el del mercado mayorista".

Asimismo, ha asegurado que llevan semanas trabajando con la industria y las empresas energéticas para que estas ofrezcan contratos a precio fijo y la electricidad se ofrezca precios que no sean tan altos como los del mercado mayorista, "precios como los que existían en el mercado eléctrico antes de la espiral de precios del gas".

Respecto al impacto que podrían tener esas exenciones a los contratos que se hagan a precios de antes de que se disparara el precio del gas en la minoración de beneficios, cuya recaudación el Gobierno cifró en septiembre en 2.600 millones, la ministra ha indicado que dependerá de la "la información que aporten las eléctricas de los contratos y los precios a que venden la electricidad".

La ministra asegura que se intentará reforzar la posición de los consumidores vulnerables acogidos al bono social,

Por otro lado, la ministra ha manifestado que se intentará reforzar la posición de los consumidores vulnerables acogidos al bono social, algo que, según fuentes conocedoras, podría pasar por darles una mayor cobertura para que no sufran incrementos en la actual coyuntura.

Durante el pleno, la ministra ha recordado que el Gobierno viene adoptando medidas para paliar la repercusión de los altos precios del gas y del CO2 en la factura de los consumidores, cuando el gas andaba por los 80 euros/megavatio hora (MWh). En este sentido, ha recordado las rebajas de impuestos que ha hecho el Gobierno, entre ellas la reducción del IVA del 21 % al 10 % para los consumidores con menos de 10 kilovatios (Kw) contratados, que proporcionaron alivio durante el verano y ha cifrado en más de 4.000 millones de euros el coste de todas las reducciones impositivas.