Así lo ha confirmado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tras el anuncio de este recurso realizado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante un encuentro organizado por el diario ABC. La Xunta se adherirá al recurso de la Abogacía del Estado, según fuentes del Gobierno gallego.
Gallardón ha explicado a los periodistas que además se iniciarán todos los "procesos paralelos" necesarios para exigir "la responsabilidad civil tanto de la naviera como de la aseguradora". "El propósito del Gobierno no es revisar las decisiones que con carácter penal ha adoptado la Audiencia, pero sí insistir en la necesidad de que existan responsabilidades civiles y que sean satisfechas por los autores y responsables del siniestro", ha dicho el titular de Justicia.
Poco antes, y durante su intervención, el presidente de la Xunta ha señalado que es evidente que el Prestige era una "chatarra flotante", que "nunca debió ser autorizada su andadura por los mares de la tierra" y que "la aseguradora sabía muy bien cómo estaba ese barco".
La sentencia de la catástrofe del Prestige, conocida la semana pasada, ha condenado a nueve meses de prisión al capitán del barco por un delito de desobediencia y ha considerado que no hay responsabilidad penal en los otros dos acusados, el jefe de máquinas y el director general de la Marina Mercante.
Ahora hay que centrarse en lo importante, que es "quién paga" los daños, ha afirmado Núñez Feijóo tras confirmar que esta misma mañana el ministro de Justicia le ha llamado para comunicarle que la Abogacía General del Estado trabaja en la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El objetivo de ese recurso -ha explicado- es intentar recuperar los gastos invertidos en la recuperación de las costas tras los daños ocasionados por el hundimiento del petrolero y, para ello, se reclamará que se incluya en la condena del capitán la responsabilidad civil y que se fijen las indemnizaciones correspondientes.
Además, el presidente de la Xunta ha dicho que también se estudiarán demandas civiles para intentar "recuperar el dinero" gastado en la recuperación de las costas españolas.