El Gobierno recortará 2.600 millones de euros a las compañías eléctricas por los beneficios extraordinarios que reciben por la producción de algunas tecnologías de generación que son ajenas al gas y que, según el Ejecutivo, permite que las empresas de energía hidroeléctrica y nuclear se beneficien de la escalada de precios.

Así lo ha indicado este lunes la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha detallado el plan de choque para abaratar la factura de la luz, aprobado en el Consejo de Ministros este martes. Aun así, Ribera sostiene que estas medidas se toman desde el "respeto a las empresas del sector", así como su rentabilidad.

Concretamente, la ministra se ha referido a la "situación excepcional" y "sin precedentes" que experimenta el mercado mayorista. Por eso, se ha aprobado la minoración temporal del exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras en el mercado mayorista, "gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan".

Básicamente, con esta medida, el Ejecutivo restará a las eléctricas los "beneficios extra" que obtiene con la generación de energías diferentes al gas, como pueden ser la nuclear o la hidroeléctrica. El hecho de que el precio del gas haya sufrido una escalada en las últimas semanas, de acuerdo con el Ejecutivo, ha beneficiado a este tipo de compañías, razón por la que el Gobierno pretender restar una parte de esos beneficios para abaratar la factura de la luz.

Un recorte temporal, hasta que baje el precio del gas

Con esta fórmula -ha explicado Ribera-, la rebaja retributiva será proporcional al precio del Mercado Ibérico del Gas (MibGas). En total, el Gobierno prevé recaudar un total de 2.600 millones de euros hasta el próximo 31 de marzo de 2022. Es decir, fecha en la que se espera que termine la tendencia alcista del precio del gas, cuya cotización no ha dejado de subir.

Según Ribera, este plan de choque tiene repercusión inmediata en la factura de los consumidores, "bien por la reducción impositiva, bien porque tanto los ingresos por las subastas de CO2 como por la minoración de gas rebajan los cargos a repercutir en las tarifas".

Estos importes -ha añadido- se han revisado y actualizado hasta fin de año, "de manera que los cargos aplicables serán un 96% inferior a los actuales". "Ello permite rebajar la parte regulada de las facturas finales de los consumidores en una horquilla que abarca desde el 47,2% de los hogares hasta el 24,5% de la gran industria. Adicionalmente, sobre esta disminución se aplicará la menor presión fiscal", ha añadido.

Se suma a otra detracción de 650 millones

El recorte anunciado por la ministra Ribera no es el único al que se enfrentan las eléctricas. En la actualidad, el Gobierno también está tramitando en el Congreso un anteproyecto de ley que afecte a la sobrerretribución que las empresas reciben por la subida de los derechos de CO2. Concretamente, el Ejecutivo estaba dando una especie de compensación a las eléctricas, que deben pagar un impuesto por contaminar. Ahora, dichos beneficios serán "redirigidos" a los consumidores. Según Sánchez, solo con esta medida, se detraerán unos 650 millones de euros.

De este modo, de materializarse esta modificación, la suma total que el Gobierno espera obtener de estos beneficios extraordinarios ascendería hasta los 3.200 millones. Aun así, las detracciones sobre las empresas eléctricas no son la única herramienta que utiliza el Ejecutivo en este plan de choque.

Medidas fiscales y otras modificaciones

También se han producido reducciones de impuestos (ahora del impuesto especial de electricidad, que cae de un 5,1 a un 0,5%) o la prorrogación de la suspensión del impuesto de generación eléctrica (7%), como mínimo, hasta final de año.

Otra medida propuesta por el Gobierno es la limitación de la subida de la tarifa regulada del gas natural (TUR) para las familias y las pymes. De este modo, calcula el Ministerio, este trimestre crecerá un 4,4% en vez de un 28%.

Todo ello sin olvidar las medidas referentes a la obligatoriedad de las eléctricas a subastar la energía fuera del mercado mayorista, para esquivar los altos precios de los últimos dos meses, o la introducción del "suministro mínimo vital", una idea derivada del IMV en la que los consumidores vulnerables "pueden tener derecho a mantener un mínimo de suministro eléctrico en sus hogares".

Así, con este conjunto de medidas, Moncloa pretende materializar la promesa que ya hizo el presidente Sánchez el pasado 5 de septiembre, en la que se comprometió a que los consumidores paguen este 2021 una cifra similar a la de 2018; eso sí, descontando el IPC. De este modo, según los cálculos de Transición Ecológica, la factura anual de un usuario medio (aproximadamente 4,1 kilovatios contratados) se situará en torno a los 600 euros.