A diez días de que el estado de alarma llegue a su fin, el Gobierno ya ha dejado claro que no pedirá una prórroga para alargarlo más allá del 9 de mayo. Considera que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes, a pesar de que algunos ejecutivos regionales apuntan a la dificultad de aplicar restricciones sin esta medida jurídica.

En la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados de este jueves la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha declarado que "no podemos seguir en un estado de alarma indefinido". Por lo que aboga por "evaluar la situación y mirar el 9 de mayo", y asegura que para controlar la pandemia "se seguirán utilizando las herramientas que ya se tienen y se crearán nuevas si es necesario".

Mientras, Carmen Calvo ha manifestado este jueves que esta medida "no se puede mantener indefinidamente en el tiempo porque tenemos una legislación ordinaria, unos tribunales y la Interterritorial". Además, desde el Ejecutivo de Sánchez llaman a la calma porque, dicen, "la situación va a mejorar considerablemente de aquí al 9 de mayo". Aseguran que "esto va a acabar antes de lo previsto" y recuerdan que aún quedan "miles de dosis de vacunas por poner". El objetivo del Gobierno es que la próxima semana cinco millones de españoles tengan la pauta completa de vacunación.

Algunos consejeros autonómicos aprovecharon la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de ayer para plantear la necesidad de tener herramientas jurídicas y aunque, la ministra manifestó que el Gobierno se reafirma en su intención de que no haga falta prorrogarlo porque la situación epidemiológica sea "otra" y por el "importante" porcentaje de la población que ya estará vacunado, desde el PNV han vuelto a insistir.

"Qué entienden por gobernanza, ¿yo mando y ustedes obedecen? ¿Qué herramientas van a tener las CCAA? Sabe perfectamente el corpus jurídico de las comunidades, no pueden ningunearnos de esa manera", le ha espetado el diputado del PNV, Joseba Agirretxea, a Darias en la Comisión de Sanidad. A lo que la ministra ha respondido que el Gobierno "no es desleal con ninguna comunidad y menos con su grupo con el que queremos seguir yendo de la mano".

Uno de los principales motivos que esgrime el Ejecutivo para no prorrogar el estado de alarma es que el ritmo de vacunación es "francamente esperanzador", en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aseguró este miércoles que España es uno de los países de la Unión Europea con más vacunas administradas.

Desde Madrid han acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no legislar en este sentido. Ha sido la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la que ha manifestado en 'COPE' que "mientras siga falleciendo gente, tomaremos soluciones intermedias a falta de legislación".

Por su parte, el candidato socialista a la Presidencia de Madrid ha asegurado en 'RNE' que es posible "aplicar la ley del 86 y que las decisiones sean ratificadas judicialmente". Una norma en la que ya insistieron el ministro de Justicia y la ministra de Sanidad.

También se ha pronunciado al respecto el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha desvelado que ha pedido a Pedro Sánchez una prórroga del estado de alarma "con acuerdos y coordinación". A su juicio, "ahora vienen dos meses clave con el final de curso y la llegada del buen tiempo" y hay que "bajar la incidencia". Si bien, según él, esta petición no ha tenido respuesta. Una prórroga que ha respaldado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, quien ha rechazado que desde el Ejecutivo "se pase otra vez la pelota" a las autonomías.

También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha abogado por que la prudencia que se está teniendo con las medidas "se pudiera mantener al menos un mes" y, aunque es consciente de que "es doloroso e incómodo" tomar decisiones que "signifiquen fastidiar la vida a la gente", ha advertido: "Qué nadie piense que el 9 de mayo acaben las mascarillas, ni probablemente el toque de queda".

Urkullu ha estimado que la prorroga podría perdurar durante uno o dos meses "hasta tener una situación epidemiológica con una tasa de incidencia por debajo de los 200 casos primero hasta alcanzar el objetivo de los 60 positivos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

Una propuesta que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha considerado "absolutamente razonable y sensata, porque no se puede dejar a comunidades autónomas con más de 400 casos por cada cien mil habitantes sin red". Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado de "imperdonable" que a menos de dos semanas para que decaiga el estado de alarma no se haya dado ninguna alternativa normativa que otorgue "seguridad jurídica" a las comunidades a la hora de adoptar posibles restricciones.