Ángel Gabilondo será el nuevo Defensor del Pueblo, según ha podido confirmar laSexta por fuentes conocedoras de la negociación. Este nombramiento forma parte del acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar los órganos constitucionales, a excepción del CGPJ, para el que todavía no hay consenso. Por su parte, la diputada del PP Teresa Jiménez-Becerril será la adjunta al Defensor del Pueblo.

El acuerdo, tras recoger el PSOE el guante lanzado por Casado en el Congreso hace unos días, incluye también la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos.

Así, este pacto se producía, según la Secretaría de Comunicación, tras una reunión entre el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

La renovación efectiva de estos órganos tendrá que realizarse en una sesión plenaria tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, si bien aún se desconoce la fecha de la misma. En el caso del Defensor del Pueblo, además, tendrán que trascurrir al menos 10 días desde el momento en el que se propone hasta que se aprueba su nombramiento.

Por el momento, el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán ejerce de Defensor del Pueblo, aunque lo ha hecho siempre en funciones. En total, suma más de tres años de provisionalidad al dimitir su antecesora, Soledad Becerril, que no quiso permanecer en el cargo más allá de los cinco años que marca la ley.

Ángel Gabilondo (San Sebastián, 1949) es filósofo, fue ministro de Educación en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2009-2011) y desde 2015 lideró al PSOE en la Asamblea de Madrid, hasta que dimitió y renunció a recoger su acta después de las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo, cuando cosechó frente a Isabel Díaz Ayuso los peores resultados de su partido en Madrid.

El de Gabilondo es el primer nombre que ha trascendido en la negociación abierta por el PSOE y el PP para renovar también cuatro miembros del Tribunal Constitucional, seis del Tribunal de Cuentas y el liderazgo de la Agencia de Protección de Datos, que en este caso depende de un nombramiento del Gobierno y no, como en el resto, de una mayoría de tres quintos en las Cámaras.