El Gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aumentar temporalmente las cotizaciones sociales con el objetivo de garantizar las pensaciones de la generación conocida como los 'baby boomers' -personas nacidas entre mediados de los años 40 y 60 en España-. En la propuesta planteada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se manejan dos instrumentos: el primero, un incremento de las cotizaciones de 0,5 puntos por parte de trabajadores y empresarios durante diez años, a partir de 2023.
En concreto, la meta es llenar y sostener en lo posible la llamada 'hucha de las pensiones' ante el considerable aumento de pensionistas, y en consecuencia del gasto en pensiones, que se prevé llegará con las jubilaciones del 'baby boom'. Esto supone un aumento de la contribución de 0,5 que podrían sufragar tanto la empresa como los empleados durante ese lapso temporal indicado: 2023-2032. Se trata de "la reactivación del fondo de reserva de la Seguridad Social mediante una pequeña aportación finalista temporal (supone unos 4-5 euros para un trabajador mileurista, una cantidad muy reducida)", según indican fuentes del Ministerio.
Llegados a la próxima década, la propuesta filtrada del Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones plantea un segundo instrumento: una revisión de la misma cada tres años en caso de que se diera una desviación del gasto. En definitiva, según fuentes del departamento, la intención es "poner en marcha un mecanismo contingente y temporal que se activaría únicamente si se aprecia una desviación del gasto en pensiones (es decir, si las medidas planteadas el primer bloque y las que se puedan aprobar en el segundo no tienen el efecto previsto o si hay imprevistos, como una crisis económica".
Si no se da una desviación del gasto, el importe se "devolvería" con una rebaja de la cotización o un incremento de las pensiones
En este sentido, si se registrara una desviación respecto de la previsión de gasto, este fondo "actuaría como colchón para aplicarlo a partir de los años 30", según indican desde el Ministerio. Justo cuando el sistema podría verse más tensionado por la jubilación de generaciones numerosas. En el caso de que no hubiera desviación del gasto en pensiones, este importe se "devolvería" mediante una rebaja de cotizaciones o un incremento de las pensiones. De momento, los sindicatos no se han expresado sobre esta cuestión directamente, argumentando que dicha reunión ha acabado "sin novedad", y que este tema deberá debatirse en la mesa de negociación, que tiene previsto reunirse el próximo 8 de noviembre.
Esta propuesta se enmarca en la construcción del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y sustituye al factor de sostenibilidad de 2013 del PP, cuya aplicación, según indican desde Seguridad Social, era "automática, permanente y suponía un recorte en la pensión inicial a medida que avanzaba la esperanza de vida". El objetivo con este modelo es llegar a un acuerdo con los agentes sociales e incorporarlo al proyecto de reforma de las pensiones antes del 15 de noviembre, fecha límite para que el Gobierno remita a Bruselas las claves del proyecto.
La primera pata de la reforma
El MEI forma parte de la primera pata de la reforma de pensiones acordada entre el Gobierno y los agentes sociales pero está pendiente de concretarse. Este mecanismo tiene por objetivo preservar el equilibrio del sistema a largo plazo y la equidad entre las distintas generaciones de pensionistas. El pasado mes de julio, el Gobierno aprobó la primera parte de la reforma de las pensiones. La clave principal en ese caso es que se garantizaba la revalorización. Es decir, que las pensiones no iban a perder poder adquisitivo: si sube el IPC, las pensiones subirán en el mismo porcentaje.
En caso contrario, aunque el coste de la vida bajase, las pensiones se quedarían como están. En este planteamiento sí cambia la forma en la que se quería compensar a los pensionistas. Hasta ahora, el Gobierno, al empezar el año, establecía una estimación de inflación. La diferencia entre la subida real y la estimación se compensaba con una especie de paga en enero o febrero. Con la reforma aprobada en julio, el Gobierno quiere controlar la inflación media del año anterior y a partir de enero del año siguiente se le aplicará esa pensión revalorizada. Un cambio en el sistema que se tasó en un coste de entre 4.500 y 4.900 millones de euros.
En este marco de actuación, otra de las claves radicaba en el cumplimiento 'real' de la vida laboral. Esto es, que los trabajadores debían jubilarse a la edad establecida actualmente, a los 66 años. En este sentido, se quiere aumentar las penalizaciones para quienes se jubilan antes de tiempo. Al final, el incremento de esta penalización no será muy alto: solo para aquellos que se jubilen 23 y 24 meses antes. Con la misma idea, en el borrador de la reforma también se introdujo un premio para quien decida retrasar la edad jubilación, con una subida del 4% al año o una paga única de 12.060 euros máximo.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social cerró 2020 situado en los 2.138 millones de euros, según el último informe anual sobre el mecanismo remitido al Congreso. En 2011, el Fondo llegó a alcanzar una cuantía de 66.815 millones de euros.