Así lo ha anunciado la
portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, en la rueda
de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que esta
reforma que busca el Ejecutivo persigue avanzar en la "mejora de la
calidad democrática" haciendo que el fuero del que disfrutan en la
actualidad los miembros del Ejecutivo y de las Cortes deje de considerarse
"un privilegio".
Con la petición de este
informe al Consejo de Estado, preceptivo pero no vinculante, el Gobierno inicia
el procedimiento para modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución,
que son los que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno,
diputados y senadores, que consiste en que el tribunal competente para investigarles
es el Tribunal Supremo.
A diferencia de lo que
el Gobierno dio a entender esta semana desde que el lunes pasado el jefe del
Ejecutivo anunciara que presentaría una propuesta para "eliminar los
aforamientos", este viernes el Gobierno no ha aprobado su propuesta de
anteproyecto de ley, sino que le ha encargado una primera redacción al Consejo
de Estado.
Celaá no ha dado plazos
para que el Consejo de Estado elabore su propuesta y tan sólo se ha limitado a
señalar que el Gobierno espera que el proyecto de ley, una vez llegue al
Parlamento, pueda ser tramitado y aprobado en el plazo de 60 días. La portavoz
también ha justificado el sentido de pedir informe con carácter previo al
Consejo de Estado -antes y no después de que el Ejecutivo redacte su propuesta-
para que desde el principio este órgano asesor "pueda contribuir a la
calidad normativa del texto". Además, cree que hacerlo así puede favorecer
el consenso con otras fuerzas políticas.
En el acuerdo que el
Gobierno remitirá al Consejo de Estado se incluyen, según Celaá, "los
objetivos y directrices de la reforma constitucional" que pretende el
Gobierno y que, en este trámite, no incluye una reforma adicional del artículo
49 de la Constitución para sustituir la palabra "disminuido" por otra
fórmula más digna para las personas con discapacidad, como un alto cargo del
Ejecutivo avanzó el lunes pasado.
Celaá ha remarcado que
reduciendo el alcance de los aforamientos de los políticos quieren acercar a
España al resto de los países de la UE, donde la tónica habitual es que sólo
los miembros del Gobierno estén aforados para aquellas actuaciones que se
derivan del desempeño de su función.
"Pretendemos una
redacción que no permita al legislador ampliar el alcance del aforamiento
penal", ha precisado Celaá, que ha indicado que la Constitución habrá de
remitir a la ley aquellas cuestiones procesales vinculadas a la nueva redacción
del texto constitucional. El Gobierno también le ha pedido al Consejo de Estado
que se pronuncie sobre aquellas disposiciones transitorias que considere que se
han de incluir en la reforma.
A pesar de las pegas que
partidos como el PP y Podemos han hecho a la intención del Gobierno de limitar
los aforamientos -los 'populares' porque preferirían una reforma global de
todos los aforados y los 'morados' porque quieren que afecte a la
inviolabilidad del Rey y al aforamiento de su familia-, Celaá ha asegurado que
el Gobierno presenta esta reforma "con el convencimiento de que la va a
sacar adelante". "El Gobierno hace política genuina, no de ficción ni
de maquillaje", ha argumentado.
Sin embargo, la portavoz
ha rechazado las aspiraciones de Podemos en relación con la Familia Real. Celaá
ha remarcado que "es importante" que la figura del jefe del Estado
sea inviolable -si bien no ha desarrollado este razonamiento- y ha advertido de
que tocar este elemento obligaría a proceder a una reforma agravada -no simple como
ésta- de la Constitución.
En cualquier caso, Celaá
no ha mostrado inquietud alguna por la posibilidad de que si un 10 por ciento
de los diputados de la Cámara lo pide, esta reforma puntual de la Carta Magna
para limitar los aforamientos tenga que ser sometida a referéndum, como
defiende Podemos y está recogido en la Constitución.