Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que esta reforma que busca el Ejecutivo persigue avanzar en la "mejora de la calidad democrática" haciendo que el fuero del que disfrutan en la actualidad los miembros del Ejecutivo y de las Cortes deje de considerarse "un privilegio".

Con la petición de este informe al Consejo de Estado, preceptivo pero no vinculante, el Gobierno inicia el procedimiento para modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, que son los que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores, que consiste en que el tribunal competente para investigarles es el Tribunal Supremo.

A diferencia de lo que el Gobierno dio a entender esta semana desde que el lunes pasado el jefe del Ejecutivo anunciara que presentaría una propuesta para "eliminar los aforamientos", este viernes el Gobierno no ha aprobado su propuesta de anteproyecto de ley, sino que le ha encargado una primera redacción al Consejo de Estado.

Celaá no ha dado plazos para que el Consejo de Estado elabore su propuesta y tan sólo se ha limitado a señalar que el Gobierno espera que el proyecto de ley, una vez llegue al Parlamento, pueda ser tramitado y aprobado en el plazo de 60 días. La portavoz también ha justificado el sentido de pedir informe con carácter previo al Consejo de Estado -antes y no después de que el Ejecutivo redacte su propuesta- para que desde el principio este órgano asesor "pueda contribuir a la calidad normativa del texto". Además, cree que hacerlo así puede favorecer el consenso con otras fuerzas políticas.

En el acuerdo que el Gobierno remitirá al Consejo de Estado se incluyen, según Celaá, "los objetivos y directrices de la reforma constitucional" que pretende el Gobierno y que, en este trámite, no incluye una reforma adicional del artículo 49 de la Constitución para sustituir la palabra "disminuido" por otra fórmula más digna para las personas con discapacidad, como un alto cargo del Ejecutivo avanzó el lunes pasado.

Celaá ha remarcado que reduciendo el alcance de los aforamientos de los políticos quieren acercar a España al resto de los países de la UE, donde la tónica habitual es que sólo los miembros del Gobierno estén aforados para aquellas actuaciones que se derivan del desempeño de su función.

"Pretendemos una redacción que no permita al legislador ampliar el alcance del aforamiento penal", ha precisado Celaá, que ha indicado que la Constitución habrá de remitir a la ley aquellas cuestiones procesales vinculadas a la nueva redacción del texto constitucional. El Gobierno también le ha pedido al Consejo de Estado que se pronuncie sobre aquellas disposiciones transitorias que considere que se han de incluir en la reforma.

A pesar de las pegas que partidos como el PP y Podemos han hecho a la intención del Gobierno de limitar los aforamientos -los 'populares' porque preferirían una reforma global de todos los aforados y los 'morados' porque quieren que afecte a la inviolabilidad del Rey y al aforamiento de su familia-, Celaá ha asegurado que el Gobierno presenta esta reforma "con el convencimiento de que la va a sacar adelante". "El Gobierno hace política genuina, no de ficción ni de maquillaje", ha argumentado.

Sin embargo, la portavoz ha rechazado las aspiraciones de Podemos en relación con la Familia Real. Celaá ha remarcado que "es importante" que la figura del jefe del Estado sea inviolable -si bien no ha desarrollado este razonamiento- y ha advertido de que tocar este elemento obligaría a proceder a una reforma agravada -no simple como ésta- de la Constitución.

En cualquier caso, Celaá no ha mostrado inquietud alguna por la posibilidad de que si un 10 por ciento de los diputados de la Cámara lo pide, esta reforma puntual de la Carta Magna para limitar los aforamientos tenga que ser sometida a referéndum, como defiende Podemos y está recogido en la Constitución.