Teresa Ribera y Juanma Moreno han sellado finalmente la paz al rubricar un acuerdo sobre Doñana que llega tras semanas de negociaciones entre el Gobierno y la Junta de Andalucía. Una imagen que parecía impensable hace tan solo unos meses, en pleno conflicto entre ambas Administraciones a raíz de la iniciativa promovida por el Ejecutivo andaluz para regularizar regadíos en el entorno del humedal.
Ahora, sin embargo, la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica y el presidente andaluz han exhibido sonrisas y sintonía al visitar juntos el Parque Nacional y en la posterior firma del protocolo para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana. Un acuerdo que han presentado en una rueda de prensa conjunta en la que ambos han incidido en el diálogo para alcanzar este consenso.
Así, Ribera ha arrancado su intervención agradeciendo a Moreno "su compromiso". "A pesar de las diferencias, de las discrepancias, de los acentos diferentes que cada uno ponemos en distintos aspectos de la realidad, hemos llegado a un acuerdo", ha celebrado la vicepresidenta tercera, que ha manifestado su satisfacción por estar "trabajando por y para Doñana juntos".
"Con el acuerdo de hoy nos comprometemos a ofrecer alternativas, soluciones, a invertir en el territorio, en las personas que habitan Doñana", ha defendido Ribera, que ha sostenido que este acuerdo "ofrece un horizonte de oportunidades reales, justicia social, de reforzamiento de servicios municipales" y que está "a la altura de las expectativas de vida de las personas de Doñana, en armonía con uno de los ecosistemas más emblemáticos".
Ello, ha destacado, "en un momento en el que pactar, alcanzar consensos, dialogar, construir, parece revolucionario". De esta forma, ha reivindicado el pacto como fruto de "un consenso que está por encima del ruido, de la tensión, de las consignas, de los enfrentamientos". Ribera asimismo ha detallado que se van a invertir 350 millones que se suman a los 356 ya invertidos y que se van a impulsar la agricultura ecológica y los cultivos de secano.
"Bien está lo que bien acaba", ha resumido, por su parte, el presidente andaluz, que ha calificado el acuerdo como "histórico" y ha agradecido a Ribera su "esfuerzo importante", haciendo también hincapié en la "discreción" que ha rodeado a las negociaciones.
El acuerdo, ha asegurado Moreno, "protege y blinda una joya natural", "pone fin a una difícil situación que se había enquistado" y "concilia la protección de Doñana con desarrollo económico y el progreso social" de la comarca. A su juicio, además, "demuestra que el diálogo funciona cuando se practica de una manera sincera y siempre buscando el interés general". "Todo el mundo gana y nadie pierde en este acuerdo", ha afirmado el dirigente 'popular'.
Inversiones de 1.400 millones
El acuerdo por Doñana incluye inversiones de 1.400 millones de euros en 14 localidades del entorno, según han avanzado ambos dirigentes, que han precisado que el Gobierno central aportará 350 millones que se suman a los 356 comprometidos en actuaciones medioambientales hace un año, mientras que la Junta aportará 700 millones.
Además, según ha avanzado Moreno, los agricultores de la Corona Norte de Doñana recibirán una 100.000 euros por hectárea a cambio de dejar de cultivar sus tierras y "renaturalizar o reforestar" los suelos, según ha avanzado Moreno. Los que opten por reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano o de producción ecológica, también recibirán ayudas, pero "bastante menores".
Las negociaciones
El pasado 3 de octubre, Moreno y Ribera anunciaban tras una reunión que se posponía la aprobación de la proposición de ley de ordenación de los regadíos de la corona norte de Doñana en el Parlamento andaluz y que ponían en marcha un "diálogo" con todas las partes, en principio de un mes, para buscar una solución tanto a este asunto como al desarrollo territorial de la comarca.
Para ello se formó un grupo de trabajo que se reunió el pasado 9 de octubre y que, desde entonces, ha mantenido encuentros y recibido aportaciones de los distintos agentes económicos y sociales de la comarca para buscar una solución lo más consensuada posible. Según se indicó en su día, el acuerdo será similar al de la Oficina Técnica del Mar Menor y tendrá el objetivo de marcar las actuaciones prioritarias en el parque nacional andaluz y proteger el ecosistema junto con las condiciones socioeconómicas en la zona.
Pasado el mes de plazo, representantes de la Junta y del Gobierno han llamado a esperar en varias ocasiones y se han mostrado siempre optimistas ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que representa a los agricultores a los que beneficiaría esa nueva regulación que se llevó al Parlamento, pidió hace unos días que la iniciativa volviera a la Cámara andaluza para su debate y aprobación, petición a la que se sumo Vox.