Xenofobia institucional
El Gobierno impugna el acuerdo de PP y Vox que veta las celebraciones musulmanas en polideportivos de Jumilla
Los detalles El Ejecutivo considera que "se restringe de forma arbitraria" una celebración que se venía realizando allí desde hace años y que se vulnera el derecho a la libertad religiosa.
Resumen IA supervisado
El Gobierno ha solicitado al Ayuntamiento de Jumilla que anule la prohibición del uso de instalaciones municipales para festividades musulmanas, alegando que vulnera la libertad religiosa. El Ejecutivo sostiene que el polideportivo puede ser utilizado para actividades socioculturales y que el acuerdo es discriminatorio. La propia moción aprobada por el consistorio recoge que busca proteger "valores religiosos tradicionales" y ha sido celebrada por Vox como una medida contra las fiestas islámicas.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para que anule el acuerdo sobre el uso de las instalaciones municipales que prohíbe la celebración de la Fiesta del Cordero, una festividad musulmana que llevaba celebrándose allí desde hace años. El Ejecutivo considera que "ahora se restringe de forma arbitraria, vulnerando así el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana".
La normativa, defienden fuentes del Gobierno, "permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, de manera que las razones objetivas esgrimidas no se sustentan". Así, sostienen que "la verdadera intención discriminatoria del acuerdo se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas".
En efecto, la letra pequeña de la moción aprobada por el consistorio de la localidad murciana alude a proteger "los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país" y la formación de ultraderecha ha celebrado ampliamente lo que ha calificado como "la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos".
"Es evidente que estamos ante una nueva vulneración de derechos y libertades fundamentales por parte de gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha donde tiene que intervenir el Gobierno de España en favor de la Constitución", defienden desde el Ejecutivo, que defiende que ya impidió "la legalización del chantaje emocional a las mujeres que deseaban abortar en Castilla y León", como pretendía su entonces vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, o "la censura en las aulas en Murcia".
"Ahora mantenemos nuestro compromiso de defender la Constitución, los valores democráticos y la convivencia. Combatiremos política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria, en línea con otros países donde la ultraderecha ha ocupado posiciones de gobierno", advierten.
Tras conocer que Jumilla había acordado prohibir celebraciones religiosas en las instalaciones deportivas de la localidad -lo que supone, en la práctica, un veto a los festejos musulmanes que venían celebrándose allí- el Gobierno tachó la medida de "racista".
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, advertía ya la semana pasada de que iban a "garantizar el respeto máximo a la Constitución" y en similar sentido se pronunció el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Este último departamento y el de Política Territorial han coordinado este requerimiento, según Efe, que precisa que lo ha presentado la delegada del Gobierno en la Región de Murcia.