El Gobierno impugna el acuerdo de PP y Vox que veta las celebraciones musulmanas en polideportivos de Jumilla

El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para que anule el acuerdo sobre el uso de las instalaciones deportivas del municipio que prohíbe la celebración de actos no deportivos en esas instalaciones, lo que en la práctica supone vetar las festividades musulmanas que llevaban celebrándose allí desde hace años. El Ejecutivo considera que "ahora se restringe de forma arbitraria, vulnerando así el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana".

Desde el Gobierno defienden que la normativa "permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, de manera que las razones objetivas esgrimidas no se sustentan". Así, sostienen que "la verdadera intención discriminatoria del acuerdo se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas".

En efecto, la letra pequeña de la moción aprobada por el consistorio de la localidad murciana alude a proteger "los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país" y la formación de ultraderecha ha celebrado ampliamente lo que ha calificado como "la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos".

"Es evidente que estamos ante una nueva vulneración de derechos y libertades fundamentales por parte de gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha donde tiene que intervenir el Gobierno de España en favor de la Constitución", defienden desde el Ejecutivo, que defiende que ya impidió "la legalización del chantaje emocional a las mujeres que deseaban abortar en Castilla y León", como pretendía su entonces vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, o "la censura en las aulas en Murcia".

"Ahora mantenemos nuestro compromiso de defender la Constitución, los valores democráticos y la convivencia. Combatiremos política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria, en línea con otros países donde la ultraderecha ha ocupado posiciones de gobierno", advierten.

Así, en ese requerimiento el Gobierno alega que la moción aprobada en Jumilla "responde (…) a una finalidad ideológica de exclusión religiosa, expresamente reconocida por sus promotores" y "sin ofrecer alternativas razonables ni acreditar incompatibilidad funcional". Si en un mes no la revocan, abrirán la vía contencioso-administrativa.

"Ante la intolerancia no hay medias tintas"

Tras conocer que Jumilla había acordado prohibir celebraciones religiosas en las instalaciones deportivas de la localidad -lo que supone, en la práctica, un veto a los festejos musulmanes que venían celebrándose allí- el Gobierno tachó la medida de "racista". La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, advertía ya la semana pasada de que iban a "garantizar el respeto máximo a la Constitución" y en similar sentido se pronunció el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Este último departamento y el de Política Territorial han coordinado este requerimiento, según Efe, que precisa que lo ha presentado la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, que ha defendido este mismo lunes que desde el Gobierno tienen que actuar "porque no se puede permitir que se vulneren nuestros derechos" y "se está vulnerando claramente ese derecho a la libertad religiosa".

Los titulares de ambos ministerios también han reivindicado que el Ejecutivo mueva ficha. "Ante la intolerancia no hay medias tintas. PP y Vox no pueden decidir para quién sí hay libertad de culto y para quién no. Es un derecho constitucional", ha aseverado el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la red social X.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha proclamado a través de la misma plataforma que el Gobierno defiende "la Constitución, los derechos y la libertad religiosa" frente a "la deriva extremista de PPVox". "Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en CyL o la censura en Murcia", ha incidido.

"El PP le está comprando la ideología a Vox", ha advertido a su vez la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que ha insistido: "Vox manda, el PP obedece y todos perdemos". Los 'populares', entretanto, defienden que la polémica moción no tiene efectos jurídicos. Así lo ha defendido su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, que ha acusado al Gobierno de buscar "simplemente hacer ruido".