El conseller de Acción Climática, David Mascort, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, han acordado que será el Gobierno quien financie, con cargo a los fondos europeos Next Generation, la ampliación de una desalinizadora y la construcción de otra en Cataluña, ambas ya en proyecto, para hacer frente a las necesidades del futuro y ante la acuciante sequía que vive la comunidad. Así se ha decidido tras la reunión que han mantenido este lunes en Barcelona, en la que, además, el Ministerio ha puesto a disposición de la Generalitat el agua de la desalinizadora de Sagunto, Valencia, para transportar agua en caso de que fuera "necesario".

Las dos nuevas desalinizadoras catalanas, con valor de 500 millones de euros, serán las de Tordera (ampliación, en realidad), en Blanes (Girona) y la de Foix, en Cubelles (Barcelona) según han detallado en rueda de prensa Ribera y Mascort. Ribera ha precisado que será la empresa estatal Acuamed la empresa licitadora que impulse las obras, y que está previsto que estén terminadas en 2028 y 2029, respectivamente. La intención, ha detallado Ribera, es que el volumen de agua sea de 60 hm3 en Tordera II y 20 hm3 en Foix.

Por su parte, Mascort ha apuntado que "el agua de los barcos es una solución puntual", y que la Generalitat asumiría, en ese caso, "el coste de los barcos y las instalaciones". Ambos dirigentes han defendido, a preguntas de los periodistas sobre la elección de Aquamed a dedo, "es la fórmula más ágil" y que otro sistema retrasaría la licitación.

Teresa Ribera ha destacado una solución que ha definido como "sencilla" a nivel técnico. Mascort, por su parte, ha defendido que "nadie ha salvado a nadie": "Las cosas, cuando se trabajan conjuntamente, se desencallan".

Restricciones de agua

La reunión se había convocado precisamente con el objetivo de planificar medidas conjuntas para mitigar la emergencia por sequía que vive el territorio catalán y para estudiar la financiación de nuevas desalinizadoras. Respecto a esto, Ribera ya había comunicado su intención de aportar agua desde la desaladora de Sagunto (Valencia), planta que asegura que está "infrautilizada".

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, se había mostrado de acuerdo con esta medida y había reconocido este domingo que sería necesario llevar agua en barcos a Cataluña. Aunque había descartado un trasvase del Ebro, sí advirtió que será necesario llevarla de cuencas o de desalinizadoras de fuera de la comunidad autónoma, y que sería a partir de junio si la situación de sequía persiste. Por ello, había solicitado la máxima colaboración del Gobierno para afrontar este momento de dificultad.

Sobre el trasvase de agua desde Sagunto también se pronunció el presidente valenciano, Carlos Mazón, quién se mostró "a favor de la solidaridad entre comunidades" pero pidió a su vez garantías por escrito de que no vaya a suponer un perjuicio a la Comunitat Valenciana.

Mazón se ha alejado de un espíritu de "revancha", recordando -a modo de recado- que no van a dejar sin agua a una comunidad autónoma "que en su día sí les negó" el agua. "Estos gestos son los que pueden ayudar a construir algo", defiende.

El Govern de la Generalitat declaró la emergencia por sequía en Cataluña el pasado 1 de febrero, una situación sin precedentes en la comunidad que afecta a los seis millones de catalanes del áreas de Barcelona y Girona. El consumo de los habitantes se encuentra limitado a un máximo de 200 litros por habitante y día.