El Gobierno de España sigue en el aire, pero en el Congreso continúan trabajando, porque pese a tener un Ejecutivo en funciones, el país no se paraliza.
Así lo confirma Gabriel Martín, profesor de Derecho: "Es más una situación de inestabilidad política técnicamente que una paralización del Estado".
Colegios, hospitales y demás organismos de la administración pública funcionan con normalidad. Además, con las cuentas generales ya aprobadas, se evita, por ejemplo, cualquier situación de impago a proveedores. "Con esos presupuestos puede empezar a funcionar la administración, toda la maquinaria no tiene por qué paralizarse", señala Jaime Ferri, profesor de Ciencias Políticas.
El gobierno en funciones tiene prohibido proponer proyectos de Ley. "El gobierno no debe proponer ni promover ninguna acción nueva", indica Martín.
Tampoco puede presentar y aprobar los Presupuestos Generales. "Lo que no puede hacer es emprender más reformas, más cambios porque no es un gobierno que esté legitimado" declara Ferri.
Entre otras cosas, también tiene prohibido disolver el Parlamento. Solo en casos de urgencia, el Ejecutivo sí podría gobernar. Lo haría a través de un Real Decreto Ley promulgado únicamente para atender casos extraordinarios como, por ejemplo, un atentado terrorista.
Entre tanto el calendario apremia ya que desde el 20 de diciembre, el ejecutivo dispone de 25 días para constituir las Cortes. A partir de ahí hay un límite de 30 días para celebrar la primera sesión de investidura, ya en el mes de febrero.
Tras ello, se abre un período de hasta 2 meses para que el candidato reciba la confianza del Congreso. Un periodo que de prolongarse dejaría al país con un gobierno en funciones hasta principios del verano.