El Gobierno asegura que no está en sus manos, sino en la de las Comunidades Autónomas, la toma de decisiones en caso de rebrotes, como ha ocurrido en Lleida, donde la Generalitat impuso el confinamiento domiciliario en varios municipios pero unajueza ha revocado esa medida al considerar que no es de su competencia.
Fuentes del Ejecutivo insisten que el papel ahora es de las comunidades y que disponen de los instrumentos para actuar, a la vez que, dicen, están a la esperara de lo que haga la Generalitat, pero de momento descartan aplicar un estado de alarma parcial.
Así se ha expresado en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras dar a conocer los nuevos datos sobre la evolución del coronavirus en España. "Nosotros tenemos experiencia con decisiones de las comunidades que han sido ratificadas, resoluciones judiciales que han autorizado el confinamiento. Hay elementos para poder trabajar en el rebrote del Segrià". A este respecto, ha añadido: "Hay que tomar medidas adicionales con la generalitat. También se está trabajando con las autoridades sanitarias para analizar la situación".
Quim Torraya ha dicho que no comparte la decisión judicial, anima a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de quedarse en casa y ha anunciado que esta misma tarde aprobará un decreto para poder confinar a la población por los rebrotes de coronavirus. No opinan sobre el auto de la jueza, recuerdan que se puede recurrir, pero que las resoluciones judiciales hay que cumplirlas.
Las medidas que se han aplicado -admiten- no han controlado la situación y creen que hay que actuar con la máxima rapidez posible. Además, estas mismas fuentes, consideran que caben otras opciones, como apelar la decisión judicial, justificarla técnicamente mejor, tomar medidas más restrictivas en cuanto a aforos, por ejemplo.
Campo: "No hay plan B" al estado de alarma
En un desayuno informativo este lunes, el ministro de Justicia ya decía que el caso de Lleida muestra que "no hay plan B" al estado de alarma, como decía el Gobierno, y ha criticado que se utilizara "como instrumento de crispación".
"No, era una realidad", ha subrayado Juan Carlos Campo, quien ha hecho hincapié en que "no era gratuito" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sometiera ese estado de alarma cada 15 días al parecer del Congreso, con responsabilidad.
No obstante, dice estar convencido de que se tomarán "las mejores decisiones" y ha reconocido la necesidad de contar con una herramienta legal que permita tomar medidas que afecten a una región o comarca sin tener que aplicar el estado de alarma. Ha recordado, igualmente, que el estado de alarma no quita a nadie competencias ni suspende ningún derecho.
Hubo que poner fin al estado alarma porque cada vez era mas difícil encontrar apoyo. Hubo que superar seis debates
También el ministro José Luis Ábalos se ha pronunciado sobre este asunto y ha recordado que "hubo que poner fin al estado alarma porque cada vez era mas difícil encontrar apoyo. Hubo que superar seis debates. A partir de ahí, sin ese instrumento que tiene una fuerza que no tenían otras, no nos queda más que apelar a prudencia, responsabilidad, y rigor gestión en las CCAA."