Las "conversaciones (entre el PSOE y ERC) están congeladas", pero "las negociaciones no se rompen", según aseguran fuentes del Gobierno a laSexta, que, añaden, así se lo han trasladado desde ERC. Ayer, tras conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalando la inmunidad de Oriol Junqueras, Esquerra anunció que paralizaba las reuniones para una eventual investidura de Pedro Sánchez hasta que se pronuncie la Abogacía del Estado.

En Moncloa confían en reconducir las relaciones con ERC; esperan que la situación cambie a partir de la próxima semana, cuando la Abogacía del Estado presente sus alegaciones al Tribunal Supremo, que ha pedido a todas las partes que se pronuncien. La Fiscalía ya ha anticipado que se opondrá a la excarcelación el expresident del Govern.

"El Gobierno en funciones no ha renunciado para nada a poder conseguir la investidura al final del año", según la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "No ha renunciado, no renuncia, estamos trabajando para ello".

Sin embargo, según apuntan fuentes del Gobierno a laSexta, Moncloa ya no dice nada de fecha de investidura, aunque en el PSOE descartan totalmente el 30 de diciembre, dicen que ya no da tiempo.

Celaá asegura que la sentencia no representa un obstáculo "en el encuentro político" entre el PSOE y ERC.

La ministra portavoz ha aclarado que la sentencia no representa un obstáculo "en el encuentro político" entre socialistas y republicanos catalanes, "habida cuenta de que el PSOE está de acuerdo en continuar trabajando" y ERC "parece ser que también". "No convirtamos en obstáculo lo que no es, lo que no debe ser", y "sigamos por la vía política" ha incidido.

La vía política

Celaá ha asegurado que el PSOE sigue con el diálogo con el resto de fuerzas políticas y que su objetivo es continuar las conversaciones. Fuentes del Gobierno apuntaban previamente a laSexta que las "conversaciones (entre el PSOE y ERC) están congeladas", pero que desde la formación independentista les habían confirmado que "las negociaciones no se rompen".

Fuentes del Gobierno asegura que las conversaciones "están congeladas" pero las negociaciones "no se rompen".

A la pregunta de si es asumible la excarcelación de Junqueras, ha contestado: "El Gobierno en funciones trabaja en el ámbito político, no va a aceptar ninguna interferencia ni de la política a la justicia ni de la justicia a la política. Seguimos con el ánimo de tener un gobierno cuanto antes y si ese ánimo es adecuadamente compartido por la parte de la negociación, esto llegará a buen término".

En Moncloa confían en reconducir las relaciones con ERC; esperan que la situación cambie a partir de la próxima semana, cuando la Abogacía del Estado presente sus alegaciones al Tribunal Supremo, que ha pedido a todas las partes que se pronuncien. La Fiscalía ya ha anticipado que se opondrá a la excarcelación el expresident del Govern.

[[DEST:La Abogacía el Estado no recibe instrucción del Gobierno, ha dicho Celaà.]]

La ministra ha afirmado que la Abogacía "no recibe instrucciones del Gobierno, solo busca el interés general (...) y respetamos las decisiones de todos los tribunales". Ha insistido en que la sentencia de ayer debe ser analizada en el ámbito de la justicia, "nadie puede pasar por alto que estamos ante un Estado democrático con separación de poderes".

En el Gobierno ya no hablan de fechas para la investidura, aunque Celaá ha dicho que no renuncian a tener una investidura a final de año, "se trabaja para ello". Sin embargo, desde el PSOE, según informe Esther Redondo, dan por hecho que no hay tiempo para que sea antes de fin de año, y apuntan como otra fecha probable la del 5 de enero de 2020.

Las "cuentas pendientes" de Puigdemont

También se le ha preguntado por Carles Puigdemont, que hoy ha recogido una acreditación provisional como eurodiputado: "A Puigdemont se le ha dado una acreditación provisional. Se ha pedido un informe jurídico del Parlamento para ver el alcance que tiene la resolución del tribunal europeo".

"Puigdemont, para la justicia española, tiene cuentas pendientes que obviamente tendrá que sustanciar. Aquí seguimos en lo mismo".

La Abogacía del Estado se pronunciará la próxima semana

El Gobierno en funciones emitió ayer por la tarde un comunicado en el que trata la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como "una cuestión jurisdiccional adoptada en el ámbito de la independencia de los tribunales".

En un documento con ocho puntos, Moncloa muestra, por primera vez, sus impresiones acerca del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o, a cuyo criterio está supeditado el del Tribunal Supremo. Será este último, por lo tanto, el que tenga que decidir cómo acatar el fallo del TJUE, tal y como recoge el documento en su cuarto punto.

El Supremo ha pedido a todas las partes que se pronuncien. La Fiscalía se ha opuesto a la excarcelación de Junqueras.

El Gobierno asegura en el escrito que "respeta y acata las resoluciones de los tribunales españoles y surpanacionales", y explica que la Abogacía del Estado "está estudiando con el debido detenimiento la sentencia y presentará su escrito en los próximos días".

Precisamente a este último apartado se había referido ERC al anunciar que las negociaciones con el PSOE quedarían paralizadas hasta que pudieran comprobar, a través de su opinión sobre el fallo de la justicia europea, si el PSOE "abandona la vía de la represión y retoma la vía política".

Además, el Gobierno recuerda que "el fallo del TJUE no analiza ni se pronuncia sobre la sentencia de 14 de octubre de 2019 del Tribunal Supremo", cuando se condenó a Oriol Junqueras a 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos.

El Gobierno recuerda que la justicia europeo no dice nada sobre la sentencia que condenó al líder de ERC a 13 años por sedición y malversación.

Por último, el documento remarca que "el Gobierno, en el ámbito político, se ratifica en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo, negociación y acuerdo entre todos los actores políticos, desde el respeto a las legítimas diferencias, en el marco de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho".