El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto por el que se reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa Real, con el objetivo de reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real, en línea con los principios "que han presidido el reinado de Felipe VI"

Una de las principales novedades, anunciadas por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, es que a partir de ahora el Tribunal de Cuentas fiscalizará las cuentas de la Casa Real. "Será una auditoría externa y verificará las cuentas y la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Casa Real", ha aseverado el titular de Presidencia, que ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la norma, negociada con la Casa del Rey. Para ello, el ministro ha anunciado que la Casa Real firmará un convenio con el Tribunal de Cuentas para que procedan a la citada auditoría.

El real decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros incluye también una nueva regulación de la contratación de la Casa Real, así como de sus procedimientos. Estos tendrán que hacerse con principio de publicidad y con todos los principios que rigen la contratación pública del país.

El decreto, dividido en tres bloques -transparencia y rendición de cuentas, eficiencia en servicio público y ejemplaridad- también incluye toda la información que habrá de estar disponible en la página web de la Casa Real. Ahí deberán estar disponibles los presupuestos, los estados trimestrales de ejecución, las retribuciones, los regalos institucionales y la memoria anual de actividades.

"La monarquía da un paso adelante", ha valorado Bolaños, asegurando que este texto permite modernizar la Casa Real y avanzar en la rendición de cuentas y transparencia de la jefatura del Estado.

El real decreto también incluye que algunos puestos de la Casa Real, como el de interventor, tendrán que ser realizados por funcionarios de la administración del Estado. Además, los altos cargos tendrán que declarar anualmente sus bienes y su cese y nombramiento habrá de estar publicado, como el de restos de nombramientos de la administración.

Asimismo, todos los regalos que reciba la Casa Real serán inventariados y se valorará si permanecen allí, pasan a Patrimonio Nacional o se donan.

2,5 millones de patrimonio

La norma se anunció ayer, un día después de que el Rey Felipe VI hiciera público, "por decisión personal", un patrimonio personal de algo más de 2,5 millones de euros en línea con sus esfuerzos de modernización de la Corona y convicción de que es necesaria una regeneración de la vida pública, según informó Zarzuela.

La medida se anuncia casi dos años después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestara el 10 de julio de 2020 que era partidario de suprimir la inviolabilidad del Rey, consagrada en el artículo 56.3 de la Constitución. Lo indicaba así al hilo de las informaciones sobre el dinero recibido en el extranjero por el Rey emérito Juan Carlos I.

En diciembre de ese mismo año, el presidente señalaba que el Rey quería una Monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI y que Felipe VI estaba trabajando entonces en asuntos como "rendición de cuentas" y "renovación" aunque debían ir "paso a paso".

"Ya irán conociendo como se materializa la hoja de ruta de renovación de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad", señaló Sánchez en aquel momento. Sin embargo, el pasado 7 de diciembre, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, enfriaba estos planes al señalar que no se había producido ningún avance en el plan normativo que anunció el Gobierno hace un año con el objetivo de renovar la Corona respecto a su transparencia y ejemplaridad.

Además, dejaba claro que en ese momento esa no era la prioridad, sino que la hoja de ruta del Gobierno estaba centrada en la recuperación económica y en cumplir los compromisos con la Unión Europea. Esta medida tampoco se incluyó en el Plan Normatvo 2022 que presentó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el pasado mes de enero, que no incorporaba ninguna normativa sobre la Corona al considerar que había "otras prioridades", según señalaron entonces desde el Ejecutivo.