La Universidad Rey Juan
Carlos y el consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid aprobaron en el año 2005 el Instituto de Derecho Público como
instituto universitario oficial pero, según la denuncia presentada por la URJC,
nunca funcionó bajo el paraguas de la Universidad ni se sometió a los controles
jurídicos y financieros.
Según informa la Cadena SER, Álvarez Conde, el que fuera su director, pidió un CIF propio y elaboró un
reglamente interno en el que se define como instituto con personalidad jurídica
propia, un documento que nunca tuvo validez debido a que no estaba aprobado por
el consejo de gobierno de la URJC.
A pesar de ello ese
informe sirvió para que la Comunidad de Madrid autorizara subvenciones al
Instituto de Derecho Público. En 2007, el gobierno regional presidido por
Esperanza Aguirre pidió un informe a sus letrados para saber si podía ser
subvencionado, un informe que resultó negativo ya que "los institutos no
tienen personalidad jurídica propia y son las universidades y las fundaciones
las que tienen que solicitar la subvención".
En mayo del mismo año,
un mes después, un segundo informe corrigió al primero autorizando la
subvención al Instituto de Derecho Público basándose en su reglamento interno
que se autodefinía como instituto con personalidad jurídica propia. Por ello, y
sin tener en cuenta que era un reglamento sin validez legal, recibió ayudas por
valor de 370.000 euros públicos de Madrid.