Malestar en el Gobierno con el rechazo a Dolores Delgado en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque ha aprobado su nombramiento como fiscal general del Estado, ha habido un voto particular discrepante al que se sumaron varios votos concurrentes dudando de su "idoneidad".

"La autonomía e imparcialidad del Ministerio Fiscal puede resumirse en el antiguo proverbio inglés 'no basta que se haga justicia, sino que es necesario que vea que se hace justicia'", señaló el voto concurrente, que además apuntó que la "asunción de esta responsabilidad inmediatamente después de haber cesado en su cargo de ministra supone un impedimento para garantizar la imagen de imparcialidad".

El Gobierno ha defendido la validez de la que fuera ministra de Justicia para desempeñar este cargo. "Dolores Delgado está absolutamente acreditada, tiene un currículum impecable y una trayectoria en la Fiscalía incuestionable", señaló Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros del pasado martes.

Desde el Ejecutivo, tanto PSOE como Unidas Podemos, defienden su nombramiento

Defensa que también han llevado a cabo los miembros de Unidas Podemos, como el vicepresidente o la ministra de Igualdad. "La derecha quiere que la Justicia le sirva y le sea fiel y a nosotros nos toca defender que las instituciones funcionen", señaló Irene Montero, haciendo referencia a las críticas de la oposición al nombramiento. Mientras que Pablo Iglesias aseguró estar "convencido de que va a actuar con el principio de autonomía".

El voto discrepante

Su nombramiento salió adelante con 12 votos a favor y siete en contra. Consideran que cumple los requisitos legales para la designación (ser de nacionalidad española y contar con una trayectoria de más de 15 años en el ámbito), aunque se evitó hablar de su idoneidad.

Algunos miembros de este órgano judicial consideran que "la apariencia de imparcialidad queda comprometida por las circunstancias en la candidata" porque "crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la institución".

Según el CGPJ, la candidata cumple los requisitos, pero omite la palabra "idoneidad".

La exministra es la fiscal general que más rechazo ha cosechado de los últimos seis aprobados. Segarra, Torres Dulce y Madrigal fueron avalados por unanimidad del CGPJ y Maza y Sánchez Melgar tuvieron un voto en contra.

El sector conservador del CGPJ no ha ocultado su "profundo malestar" por este nombramiento que interpreta como un intento de someter a la Fiscalía a los intereses del Gobierno y han barajado durante el día la posibilidad de forzar una segunda votación sobre la imparcialidad de Delgado.

El informe no es vinculante, y Delgado es la fiscal que más rechazo ha cosechado de los últimos seis aprobados.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ya había traslado a los vocales la propuesta de avalar a Delgado porque esta reunía los requisitos legales: "Cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada", decía la documentación.

Sin embargo, no hablaba de "idoneidad" de la candidata. Según fuentes del CGPJ, la omisión de la palabra "idoneidad" en la propuesta de Lesmes tenía el objetivo de lograr la unanimidad.

El PP pide su renuncia

Desde que se conociera la propuesta de Pedro Sánchez, la oposición se ha mostrado muy crítica con el nombramiento, al considerar que su condición anterior de ministra influirá en las decisiones que tome al frente de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, con la designación oficial ha elevado su crítica, pidiendo la renuncia de Delgado.

"Si a Dolores Delgado le quedara algo de dignidad debería rechazar el cargo, ya que carece de la imparcialidad necesaria para este puesto. Pedro Sánchez, una vez más, tirando por los suelos la separación de poderes", destacó el secretario general del partido, Teodoro García Egea.

Por su parte, Vox ha interpuesto una denuncia contra el presidente del Gobierno y la exministra para señalar la "constatación inequívoca" de que con este nombramiento "se cierra una estrategia concertada de antemano por los querellados para obligar a la Fiscalía a apartarse de los criterios profesionales".