Carlos García Juliá, uno de los autores material de la matanza de Atocha de 1977 que se saldó con la muerte de cinco personas, saldrá de prisión este próximo mes de noviembre, y no en agosto de 2030, como estaba previsto en la sentencia por los delitos de asesinato y cuatro intentos de homicidio. Así lo ha podido saber laSexta, que ha accedido al documento de liquidación de condena de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

"Confiérase el traslado de la nueva liquidación de condena de la pena privativa de libertad practicada respecto del penado Carlos García Juliá, a éste, personalmente en el centro penitenciario de Soto del Real". García Juliá ha obtenido esta condición gracias a su abogado, que, según recoge el auto, solicitó el fin de su estancia en prisión con el siguiente argumento: "La representación del Penado se presentó escrito por el que se solicita su inmediata puesta en libertad por haber cumplido en exceso la pena impuesta de un máximo de 30 años".

En concreto, la defensa afirmaba en su escrito que no se había computado en la previa liquidación de condena "el tiempo que el mismo ha estado privado de libertad desde su detención en Sao Paulo (donde se encontraba prófugo) hasta el 7 de febrero de 2020", como tampoco computó "el tiempo que el penado gozó de la libertad condicional según la legislación vigente". Además, consideraba que se habían de "abonar la redención de penas por trabajos" en esta liquidación.

El Ministerio Fiscal: "Es inadmisible y fuera de toda lógica"

El Ministerio Fiscal rechazaba tal planteamiento alegando que "es inadmisible y fuera de toda lógica que quien permanece fugado obtenga los beneficios del cumplimiento de una pena cuando ya se había acordado su búsqueda y captura e ingreso en prisión". Además, apuntaba en base a la ley que "el beneficio de la redención de penas por el trabajo se perderá por observar mala conducta" y "cuando el penado realice intento de evasión, consiga o no su propósito".

De esta manera, cumpliría en esta ocasión nueve meses de los diez años y seis meses previstos por los asesinatos de Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez. Aunque el documento del órgano judicial destaca la posibilidad de presentar un recurso a esta decisión en un plazo de tres días.

El autor material de la matanza de Atocha se encuentra en la prisión de Soto del Real desde febrero tras haber sido extraditado por la Interpol desde Sao Paulo, Brasil. Allí permaneció en prisión durante un año a la espera de su traslado a España. Su extradición fue autorizada por la Corte Suprema brasileña en agosto de 2019, y dependía de la confirmación del Ejecutivo del país para ser trasladado a Madrid con el objetivo de cumplir el resto de la condena.

Condenado por la matanza de Atocha

En la noche del 24 de enero de 1977, pasadas las 22,00 horas, un comando terrorista compuesto por García Juliá, miembro de la formación ultraderechista Fuerza Nueva, José Fernández Cerrá y Francisco Albadalejo –éste vinculado a FET de las JONS–, entró en el despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras y militantes del Partido Comunista, en el número 55 de la céntrica calle de Atocha, Madrid.

Una vez dentro, Albadalejo se encargó de bloquear las comunicaciones y de registrar de arriba a abajo el bufete. Tras dar con todos los presentes que aún se encontraban trabajando a esas horas en la oficina, estos fueron reunidos en una misma sala. Allí, García Juliá y Fernández Cerrá abrieron fuego. En esta masacre fueron asesinados Valdelvira, Benavides y Sauquillo, abogados; Holgado, estudiante de derecho; y Rodríguez Leal, administrativo.

El ataque ultraderechista se saldó también con cuatro heridos graves: Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Lola González. Sin embargo, pudieron sobrevivir al atentado. El azar quiso además que Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid y por entonces miembro del aquel despacho, no se encontrase en el edificio en el momento de la tragedia.

A los pocos días del atentado, los autores, que confiaban en los vínculos que mantenían con altos cargos y por ello no huyeron de la ciudad, fueron detenidos por la Policía Armada. La Audiencia Nacional, a través de un juicio celebrado en febrero de 1980, condenó a García Juliá y a Fernández Cerrá a 193 años de prisión a cada uno, y a 73 años a Albadalejo –aunque en este caso se redujeron finalmente a 63–, entre otros.

Fuga a Brasil

García Juliá entró en prisión en marzo de 1977 y estuvo encarcelado hasta agosto de 1991. Cuando cumplió más de 7.000 días de condena, le fue concedida la libertad condicional. Tiempo después, al ultraderechista se le dio una autorización para salir de España y aceptar una oferta de trabajo en Paraguay. La única condición impuesta por la justicia española para su marcha era la obligación de presentarse mensualmente en la Embajada española en aquel país.

Entró a Brasil con un pasaporte falso en 2009

Sin embargo, una vez allí se saltó su libertad condicional y aprovechó la decisión judicial para fugarse, por lo que se le declaró prófugo el día 14 de agosto de 1996, cuando aún le quedaban 3.854 días en prisión, más de diez años. Antes de llegar a Brasil, pasó por otros países de Latinoamérica en el intento de confundir todas las pistas posibles de su paradero.

Según se ha podido saber posteriormente, García Juliá llegó a Brasil en 2009, año en el que comenzó a rehacer su vida allí bajo un identidad venezolana falsa. Sin embargo, después de estar más 20 años escondido, el asesino fue descubierto y arrestado a finales de 2018 en Sao Paulo, después de casi dos décadas prófugo de la justicia española.