El futuro de Quim Torra como president de la Generalitat depende de lo que ocurra este jueves en el Tribunal Supremo, que revisa su condena de inhabilitación por desobediencia tras no retirar los lazos amarillos y una pancarta en apoyo a los presos del procés en periodo electoral.

Sin embargo, en una rueda de prensa tras acabar la vista, ya ha adelantado que no está en sus planes convocar elecciones, como ha solicitado Esquerra Republicana de Cataluña: "No seré yo el que en este momento tan crítico aboque a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana".

El president ha llegado acompañado de la consellera de Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, y su vicepresident, Pere Aragonès, al Tribunal Supremo, donde ha sido recibido entre aplausos. También se encontraba allí el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián y la portavoz de Junts per Catalunya en la cámara baja, Laura Borrás.

En una rueda de prensa, Quim Torra ha acusado al Estado de "perseguir y amenazar a Puigdemont, negar la condición eurodiputado a Oriol Junqueras, mantener exiliados y pretender inhabilitar a un president en medio de su mandato y de una pandemia".

Ha asegurado en su comparecencia que continuará trabajando para "servir a la ciudadanía y luchar contra la pandemia hasta que se haga efectiva la inhabilitación". En este sentido, ha destacado que si el Govern cae por esta decisión, el Estado será "el responsable". "Es un castigo a un país en medio de una pandemia", ha añadido.

El Supremo revisa un año y medio de inhabilitación y 30.000 euros de multa

Al tribunal le corresponde revisar la condena a un año y medio de inhabilitación y 30.000 euros de multa por un delito de desobediencia que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impuso a Torra, una sentencia que, al no ser firme, no implicó que fuese apartado de su cargo.

Este jueves, la fiscal Pilar Fernández Valcarce argumentará a favor de que el Supremo confirme la inhabilitación, en tanto que la defensa de Torra pedirá que revoque la condena. La resolución tendrá firmeza en el momento en el que sea dictada y, por tanto, de ser condenatoria, será ejecutada de inmediato independientemente de que la defensa promueva un incidente de nulidad, añaden las fuentes, que precisan que ninguna maniobra jurídica podría paralizar su ejecución, que correspondería al TSJ de Cataluña.

Precisamente este jueves, Quim Torra ha publicado en su Twitter una fotografía del cartel con la frase "libertad presos políticos y exiliados" que le ha llevado a los tribunales. "Pues sí, libertad presos políticos y exiliados", ha escrito en la red social.

 

Sus abogados se centran en invocar el derecho a la libertad de expresión

En la vista, los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Susana Polo, Vicente Magro y Antonio del Moral escucharán los argumentos de ambas partes en presencia de Torra, que se sentará entre el público, ya que solo sus abogados pueden intervenir y estos tampoco contemplan pedir al tribunal permiso para conceder un turno de palabra al president.

Sí que expondrán los principales argumentos de su recurso de 300 páginas, que se centran en invocar el derecho a la libertad de expresión, con la mirada puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) más que en el Supremo, de cuya imparcialidad dudan.

Los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal alegarán la "desproporción" que supondría una condena que implica el cese de un president por el mero hecho de negarse a retirar una pancarta, en un legítimo ejercicio de la libertad de expresión que, según su opinión, la Junta Electoral no tenía autoridad para cercenar.

Además, pedirán al tribunal que eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea varias cuestiones prejudiciales -entre ellas si es posible la inhabilitación del presidente catalán para concurrir a elecciones europeas y si su cese por negarse a condenar una pancarta es una medida proporcional-, en cuyo caso cree que el Supremo debería suspender el dictado de la sentencia hasta que Luxemburgo se pronuncie.

Torra se niega a acordar una fecha electoral

En un plano político, el president evitó este miércoles dar pistas sobre la respuesta que piensa dar a su posible inhabilitación tras acusar al Estado de estar "instalado en la venganza". En su intervención en el debate de política general en el Parlament, no quiso desvelar qué piensa hacer si la "maquinaria de un Estado al servicio de una sed de venganza" lo acaba inhabilitando, si bien advirtió: "Serviré a mi país hasta las últimas consecuencias y hasta el último minuto de mi presidencia", sin concretar más detalles ni futuros escenarios.

Y sin atender los llamamientos de ERC y la CUP a acordar una fecha electoral antes de que pueda ser inhabilitado y pierda la potestad de convocar elecciones. Pese a esas discrepancias, Torra estará acompañado por Pere Aragonès, vicepresidente de la Generlitat y dirigente de ERC, al igual que por la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, representantes de Junts pel Catalunya, ERC y la CUP y los líderes de ANC y Òmnium.

El presidente de la Generalitat fue condenado por su "recalcitrante y reiterada actitud desobediente" a no acatar la orden de la Junta Electoral de retirar a tiempo de los edificios públicos los lazos amarillos en defensa de los presos del procés en vísperas del 28A. Torra recurrió al Supremo, ante quien denunció una "palmaria persecución política" que pretendía apartarle "ilegalmente" del Govern, y ha intentado sin éxito retrasar la cita al sostener que se le notificó la fecha infringiendo las normas procesales.